En respuesta a las continuas quejas de los usuarios de los servicios telefónicos, el Gobierno nacional puso en marcha el denominado Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, que fija estándares de eficiencia para la telefonía fija y móvil, y el acceso a Internet. El nuevo reglamento es la primera medida de fondo dictada en materia de telecomunicaciones en más de diez años, por lo que viene a cubrir un vacío normativo que en muchos aspectos perjudicaba al cliente.

La Resolución N 5/2013, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, ordena a las empresas prestadoras mantener inversiones permanentes para garantizar la calidad de los sistemas, algo que en general no se hace desde mucho tiempo. La normativa establece concretamente que los prestadores de servicios de telecomunicaciones "deberán disponer de los recursos, equipamiento e instrumental necesarios, en calidad y cantidad suficiente, para posibilitar que la Comisión Nacional de Comunicaciones pueda ejercer sus funciones de control y de fiscalización”.

Más allá de los detalles técnicos que deberán observarse, la nueva reglamentación incluye indicadores objetivos, que se calculan mediante fórmulas incluidas en el mismo texto relacionados con la atención al usuario respecto del funcionamiento y la facturación del servicio, los cortes y las demoras en las comunicaciones. Son parámetros similares a los utilizados en países desarrollados y en particular en España, Italia y Brasil, donde tienen operaciones las mismas empresas concesionarias. Además, los indicadores serán públicos y los operadores serán sancionados cuando no alcancen los estándares mínimos exigidos.

La amenaza política del ministro de Planificación, Julio de Vido, al hacer el anuncio el lunes último, es contundente para garantizar la efectividad de la norma: "’Lo que no haga el privado lo va a hacer el Estado, como pasó con Aguas Argentinas, el Correo y el petróleo. Después está el marco legal que se le da a la cuestión, pero lo que está claro es que no vamos a resignar la calidad del servicio”, advirtió. Claro que el Gobierno debería haber acompañado a la norma con contraprestaciones estructurales que lleven al cambio profundo deseado, por ejemplo sobre la escasa disponibilidad de espectro de las operadoras locales. La recomendación internacional es destinar 1.000 Megahertz de espectro a la movilidad telefónica, pero en la Argentina sólo están asignados 196, de los cuales sólo hay en uso unos 135 MHz de banda.