Desde el inicio de año rigen las nuevas reglas y recomendaciones incluidas en las 745 páginas de la flamante edición de la "Ortografía de la lengua española'', editada en diciembre último por la Real Academia Española (RAE). El vendaval de críticas no se hizo esperar. Por esta razón el presidente de la RAE, José Manuel Blecua, se esmeró en aclarar que las alteraciones más radicales sólo obedecen a la consolidación de reglas que fueron publicadas en 1999.

Ya no será correcto escribir "piercing'', "catering'', "sexy'', "judo" o "manager'', si no se hace en bastardilla o cursiva, con el fin de remarcar su origen extranjero. A partir del 1º de este mes sólo se puede escribir sin este recurso la forma adaptada al idioma español de estas palabras, es decir, "pirsin'', "cáterin'', "sexi'', "yudo'' y "mánayer''. En la lista de imposiciones más drásticas, también se hace notar la muerte de la tilde en la conjunción disyuntiva "o'' cuando es escrita entre números, lo que originalmente se recomendaba para que la letra "o'' no fuera confundida con el número "0''. Pero el énfasis otorgado a cuestiones menores oculta el horizonte político dentro del cual se desarrollan líneas de fuerza que van definiendo la fisonomía de una lengua en el panorama mundial.

La producción de diccionarios que incluyen la totalidad del léxico de los hispanohablantes parece haber democratizado nuestro ámbito lingüístico en las últimas décadas. Pero, en general, sigue imperando fuertemente la norma peninsular en materia de lenguaje. A grandes rasgos, España decide económicamente el destino editorial de las publicaciones en español en Europa y en los Estados Unidos, e impone también sus criterios de estilo en cuanto a traducción y pautas dialectales para todo el orbe hispánico.

Sin embargo, España con sus cuarenta millones de habitantes, representa menos del 10% de los hablantes del español en todo el mundo. Lo que se está silenciando detrás de discusiones escolásticas sobre tildes y grafías es la persecución lingüística de la población hispanohablante en Estados Unidos. El gobierno de Arizona intentó recientemente eliminar a todos aquellos docentes de escuelas públicas cuya pronunciación inglesa no fuera nativa. Para algunos, el que ciertos hispanoparlantes hablemos o escribamos correctamente es mucho más importante que el que algunos hispanohablantes menos privilegiados no puedan hablar ni escribir en su propia lengua.

Lo que quizás esté en riesgo no sea la corrección, sino la conexión profunda de todos los que hablan la lengua de Cervantes.