En el discurso de apertura del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, se refirió al rol institucional del máximo Tribunal. Sintetizando las principales aristas de su alocución se puede señalar lo siguiente:
Rol institucional: "Los jueces no deben gobernar", advirtió, enfatizando que cada uno de los poderes del Estado debe cumplir con la función constitucional que tiene asignada. No obstante, recordó la potestad de control del Poder Judicial, al señalar que nuestra Constitución no admite poderes ilimitados. En tal sentido, sostuvo que "el rol de la Corte Suprema y del Poder Judicial es mantener las reglas básicas del funcionamiento social, escritas en la Constitución Nacional". En diversos pronunciamientos, la Corte hizo referencia explícita a "las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado", reclamando una "cooperación eficiente" al funcionamiento del Poder Judicial en su cometido de decidir en tiempo y forma razonable las cuestiones que le incumben. Es decir, la Corte reconoce sus limitaciones constitucionales para actuar, pero no se queda allí sino que impulsa la actuación de los órganos habilitados para hacerlo -el Congreso y el Poder Ejecutivo- y, de ese modo, propugna una deliberación pública de los asuntos, en pos de respuestas judiciales que procuran, dentro de pautas de funcionalidad, suministrar productos más útiles para el sistema político y social.
Independencia: "La Justicia independiente sirve para que los ciudadanos tengan confianza en sus instituciones y la seguridad de que siempre va a haber un juez imparcial que protegerá sus derechos", proclamó en su mensaje. Sin dudas, la independencia constituye la piedra angular sobre la cual la judicatura ejerce su real y efectivo poder político institucional en la vida de la República. En este sentido, la Corte Suprema, mediante Acordada Nº 16 del año 2006, conformó la "Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial". La independencia judicial y la integración de los jueces dentro del Poder Judicial conforman nuevamente el temario del discurso. Destacada doctrina ha señalado que "una de las preocupaciones comunes ha sido la de crear conciencia acerca de la importancia de contar con jueces verdaderamente preparados en todos los sentidos, que posean la habilidad necesaria para desentrañar de la mejor manera el sentido y alcance de los preceptos constitucionales y, por otra parte, que sean también de tal forma sensibles que capten los diversos aspectos de la realidad a la cual hay que aplicar la Constitución. A estos aspectos que se concentran en la figura del juez y tiene que ver con su preparación, selección y nombramiento, se unen otros como la garantía de la independencia judicial, problema fundamental de la impartición de justicia" (Carmona Tinoco, UNAM, México, 2004).
Judicialización de la política: el Presidente de la Corte subrayó que "no es buena la judicialización excesiva de los conflictos". Recientemente, el Tribunal rechazó la acción de amparo que promovió la Provincia de San Luis contra el Estado Nacional, mediante la cual demandaba la inconstitucionalidad del Decreto de necesidad y urgencia Nº 2010/09, señalando la falta de legitimación del Estado local y argumentando que, en el sistema federal, no puede reconocerse a las provincias el control pormenorizado de las facultades que ha delegado en el gobierno central, si no hay un interés directo claramente demostrado. La Corte Suprema no sólo tiene la última palabra sobre cuál es la verdadera interpretación y aplicación del derecho, sino que guarda la llave sobre la definición misma de qué entra en el campo del derecho y qué no.
Agenda judicial: El más alto Tribunal de Justicia, en estos últimos años, ha prestado especial atención a los derechos económicos y sociales. En tal sentido, el Presidente de la Corte afirmó: "Estamos convencidos que la noción de ciudadanía es una caricatura si alguien no tiene los elementos básicos, los bienes primarios, para poder ser un ente moral autónomo y tomar decisiones".
Medidas para una gestión eficiente: Resaltó el programa de informatización de los tribunales como un mecanismo para paliar la morosidad y acelerar el trámite judicial de las causas, señalando que "La justicia con demoras no produce resultados que logren la paz social de aquellos que están en conflicto". Ello sumado a la implementación de las audiencias públicas, el amicus curiae, y otras acciones destinadas a promover la difusión de las decisiones judiciales y permitir a la comunidad una comprensión más acabada del quehacer judicial.
Desafíos: El gran cambio que plantea el Bicentenario es "promover la reconstrucción del contrato social que cada generación adapta a su época según sus necesidades y desafíos" y, en este propósito, el Presidente del máximo Tribunal instó a "construir sobre aquellas bases sólidas que son los elementos que nos unen y no sobre la fragilidad de aquello que nos separa y divide". La Corte se instala socialmente como una actora con peso propio e invita a una reformulación de su relación con los otros poderes, en un marco de diálogo maduro que contribuya al funcionamiento armónico de las instituciones de la República, dentro de los límites que perfila nuestra democracia constitucional.