El 27 de diciembre pasado, el Senado de la Nación aprobó por 68 votos a favor y uno en contra, de Carlos Menem, las modificaciones del Estatuto del peón rural, convirtiendo en ley 26.727 la iniciativa del Poder Ejecutivo. La nueva norma reemplaza el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) por el denominado Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea).
En el plano político, es un fuerte golpe a la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que lidera el dirigente antikirchnerista Gerónimo Venegas, que perderá el control del ente a manos del Estado. Están en juego 120 millones de pesos anuales, y la bolsa de trabajo que maneja la Uatre. Al igual que en el Renatre, los empleadores rurales deberán retener el uno y medio por ciento del total de las remuneraciones y depositarlo en una cuenta del Renatea.
Resulta llamativo que ese dinero, según lo establece el artículo 106, inciso C del subartículo 12, de la ley, el Renatea tiene entre sus potestades poder invertirlo en títulos emitidos por la Nación o en colocaciones a plazo fijo en instituciones financieras oficiales. Además, el Renatea asegura al Estado el manejo integral de los fondos, sin especificar lo que se hará con ellos. Aunque ha habido disposiciones de orden financiero en leyes laborales y de previsión social, no es lo común.
Otro punto discutido es el de la responsabilidad solidaria, lo cual exacerbará la litigiosidad. Es que se establece ese marco de extensión de responsabilidad más amplio que el indicado en la ley 22.248 de 1980, y el que surge de la actual ley de contrato de trabajo (LCT), lo que provocará grandes congestiones y costos empresariales para poder cumplir con la norma. Hasta ahora las ocupaciones que estaban fuera de la LCT, con su propio régimen, eran el servicio doméstico, los trabajadores rurales y los empleados estatales.
Con la nueva disposición, los trabajadores rurales pasaron a formar parte de la LCT. También se crea un régimen previsional que reduce de 65 (60 en el caso de la mujer) a 57 años la edad jubilatoria y 25 años de aportes e incorpora una licencia por paternidad de 15 días. En definitiva, esta norma permitirá al Estado gestionar los fondos del Renatre y provocará reacciones gremiales hasta que decida la Justicia las oposiciones del gremio.