Desde que Marcelo Odebrecht y 77 de sus ejecutivos decidieron delatar a quienes sobornaron para ahorrarse unos años de condena, se pronostica un efecto cascada que arrasará con varios gobiernos de los 12 países donde mantenía su esquema de corrupción para adjudicarse obras públicas.
Lo positivo del destape provocado por la Justicia brasileña, es que incentivó la cooperación judicial internacional, comparada con las acusaciones contra de la FIFA, las que ayudaron a barrer gran parte de la suciedad en el fútbol.
En Brasilia se reunieron fiscales de 15 países para coordinar medidas que les permitan mayor rapidez y eficiencia para encausar a los delatados por las "confesiones del fin del siglo”, apodo que la prensa le dio a las revelaciones de los 77 ejecutivos. Los primeros coletazos fueron de los fiscales de EEUU. Señalaron esquemas de lavado de dinero, empresas fantasmas y nombres de quienes fueron favorecidos por el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, origen de los sobornos, de los cuales 320 millones de dólares fueron a las maquinarias electorales de la región.
Odebrecht ya pagó 3.500 millones a Brasil, Suiza, EEUU, República Dominicana, Perú y Panamá para seguir operando con sus 168 mil empleados, pero las multas no exonerarán a nadie. La Fiscalía peruana ordenó la captura, recompensa mediante, del ex presidente Alejandro Toledo que habría embolsado 20 millones de dólares, delito que también se les imputa a sus colegas Alan García y Ollanta Humala.
El caso peruano, así como el del presidente brasileño Michel Temer, la destituida Dilma Rousseff y el ido a menos Lula da Silva, hace que gobiernos y exdirigentes en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana, Panamá y Venezuela, pongan sus barbas en remojo.
La internacionalización de los delitos permite menos escudos y las justicias locales (con cierto grado de independencia) se sentirán más comprometidas para acabar con la impunidad, el principal escollo que debe superar América latina, como señaló Transparencia Internacional en su informe de 2016.
A la impunidad y la corrupción se le suma el terrorismo y el narcotráfico como los desafíos importantes de la región. La Justicia de EEUU observó todos esos delitos en una sola persona, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami. Lo incluyó en la Lista Kingpin por su "significativo papel en el narcotráfico internacional”, trabando su fortuna de 3.000 millones de dólares, cientos invertidos en empresas y edificios en Miami.
Era previsible que el presidente Nicolás Maduro terminaría acusando al imperio de entrometerse en la soberanía nacional. Sin mucha credibilidad y apresado en su propio narcoestado, Maduro esta vez cortó el hilo por lo más delgado. Prohibió CNN en Español, acusándola de hacer "propaganda de guerra” imperialista.
La historia de Odebrecht ojalá ratifique el dicho de que no hay mal que por bien no venga. Es de esperar que el mal producido, sirva para crear buenos antídotos contra la impunidad y la corrupción.
