La coyuntura electoral da lugar a una inusitada arremetida sindical en demanda de mejoras salariales, alentada por la demagogia de otorgar aumentos a los estatales, entre otras prebendas de campaña.
El oportunismo gremial aprovecha las concesiones políticas, olvidando premisas oficiales y de la CGT, de postergar los pedidos de aumento para preservar el empleo. Lejos de esta lógica impuesta por la crisis mundial, con cierre de mercados y caída del consumo que asfixian a las empresas, se generalizan los conflictos laborales con acciones directas, ignorando paritarias y a la autoridad laboral.
Este método intempestivo es de por si condenable -con amenazas y violencia nunca se entenderán las partes-, pero se agrava mucho más cuando las protestas apuntan a la comunidad. Los gremios buscan impactar en los servicios y en los días que más daño puedan hacer al ciudadano común. Este fin de semana largo fue elegido para paralizar bancos, alterar al autotransporte -a pesar de arreglar con UTA-; las amenazas de los camioneros de bloquear el tránsito con Chile porque una papelera es de capitales trasandinos, y otro tanto de los gastronómicos de Luis Barrionuevo, que paralizarán los comedores, hospitales, escuelas y lugares turísticos de todo el país. Se suman las huelgas docentes, la irrupción en fábricas, movilizaciones, piquetes con cortes de rutas y "escraches" que entorpecen la vida diaria.
Esto no es lo que garantizan la Constitución y la legislación laboral sino es el método del chantaje tolerado por las autoridades por simpatía garantista u omisión.