Luego de la crisis financiera global iniciada en septiembre de 2008, las principales potencias mundiales buscaron unirse en su determinación para poner al descubierto el sistema bancario que opera en las sombras. Una de las medidas anunciadas al finalizar la cumbre del G-20 en Londres fue, justamente, la confección de una temida "lista negra" de países poco transparentes. Sin embargo, hay quienes los defienden asegurando que sus beneficiarios no sólo son multimillonarios recubiertos en joyas que parecen reirse en sus yates del resto de los mortales, que deben pagar sus impuestos mientras ellos logran evadirlos. Daniel J. Mitchell, especialista internacional en reforma y política tributarias, sostiene en primer lugar que, para quienes viven en un país desarrollado, en la mayoría de los casos los impuestos son mucho más bajos hoy que hace 30 años, gracias, en parte, a la competencia que ofrecen los paraísos fiscales. Los gobiernos se han dado cuenta de que es mejor bajar los impuestos y ser competitivos que dejar que las inversiones y los puestos de trabajo crucen las fronteras. Brasil se ha dado cuenta de esto, y por eso bajó la carga tributaria, al contrario de lo que sucede entre nosotros. Allí los impuestos locales han sido subsidiados, por lo cual muchas empresas argentinas emigran al vecino país. En segundo término, para quienes viven en países en vías de desarrollo hay incluso un argumento moral a favor de los paraísos fiscales, ya que pueden ser un resguardo para personas bajo persecución política, religiosa, racial o étnica. Además, las personas con bienes materiales son frecuentemente el blanco de gobiernos opresivos y la habilidad de colocar dinero en paraísos fiscales, ofrece una importante protección a estas potenciales víctimas.

Los refugios financieros cobraron auge en los años 70 y 80, y sus antecedentes se remontan al siglo XVII, cuando los piratas que operaban en el Atlántico sobre naves comerciales europeas hallaban refugio en ciertos puertos que ofrecían su hospitalidad, y competían entre sí, como hoy, para captar el favor de estos clientes.

Los suizos suelen subrayar que sus leyes de secreto financiero fueron establecidas en 1934, en parte para proteger a los judíos alemanes y a los gremios de los nazis. Más recientemente, la inflación, la corrupción política y el crimen sin control han sido otras de las razones por las cuales algunos prefieren depositar su dinero fuera de su país. Para John Kay, fundador de la escuela de negocios de la Universidad de Oxford y autor del libro "El sistema impositivo británico", los paraísos fiscales sólo existen porque las grandes potencias lo permiten, y si quisieran éstas podrían ponerle presión eficaz en cualquier momento. No lo han hecho y no lo harán mientras los individuos y las corporaciones más ricas de los países más ricos se beneficien de ellos. No faltan quienes califican de hipócrita la actitud de Estados Unidos y Gran Bretaña, ya que el primero funciona, de hecho, como un gran paraíso fiscal para los no residentes y ofrece secreto a gran escala a las corporaciones que se establecen en Estados como Delaware. Gran Bretaña tiene sus propios paraísos fiscales en las Islas del Canal y sus territorios en el Caribe, mientras que la legislación impositiva para no residentes permite a los multimillonarios del mundo entero no pagar impuestos sobre una buena parte de sus ingresos. Resulta llamativo que los paraísos más importantes sean controlados desde Wall Street o Londres, y también que los principales bancos del mundo hayan instalado en esos paraísos fiscales un supermercado financiero y que muchos conglomerados económicos de los países centrales realicen en estos lugares las operaciones que no pueden realizar "on-shore". La Unión Europea no es ajena a esta temática, ya que tiene paraísos fiscales en su seno como la zona especial Canaria o Madeira.

Respecto a la cooperación fiscal entre Estados, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Argentina ha celebrado diversos convenios: primero con el Principado de Mónaco, y el 26 de octubre pasado con Andorra. En el futuro también se piensa rubricar acuerdos de este tipo con Liechtenstein, Italia, Gibraltar, las Islas Caimán, Jersey, Bahamas, Costa Rica, Antillas, Aruba y Barbados, entre otros Estados. Tales convenios, no dejan de ser una medida significativa para lograr la cooperación fiscal entre Estados. Sin embargo, uno de los problemas que impiden lograrlo es la imposibilidad de congelar el dinero sospechoso en sus cuentas de origen, ya que una vez detectado el negocio ilícito no es fácil llegar a tiempo en un mundo en el que cada día se realizan más de 465.000 transferencias electrónicas, por un valor superior a los 2 billones de dólares, si se cuentan los mecanismos de transferencia que ofrecen la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fedwire) y el Sistema de Pagos Interbancarios por Cámara de Compensación (CHIPS). La Sociedad Mundial de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias (SWIFT), en tanto, envía por día unos 220.000 mensajes de transferencia, por un valor en dólares desconocido. Entonces, lo aconsejable será requerir iniciativas que sean amenazadoras no ya para una institución determinada, sino para prácticas financieras y bancarias que tienen un largo historial y que serán defendidas por grupos de intereses sólidamente establecidos.

La estrategia de la AFIP es una vía laudable para fomentar la equidad impositiva, aunque va a contramano del polémico blanqueo de capitales anunciado este año. Es de vital importancia promover la cooperación internacional en materia fiscal, pero también es imprescindible no aumentar más la carga tributaria y reducir el gasto público.