La toma de edificios escolares por alumnos y padres ante problemas físicos y funcionales que no tienen respuesta inmediata de las autoridades, se ha transformado en San Juan en un método consentido por sectores del garantismo ideológico que lo observa como manifestaciones que consolidan la democracia.
Se trata de una variante del piqueterismo que corta calles y produce bloqueos gracias a la orden de no criminalizar la protesta social, no importa los derechos y garantías constitucionales sobre el bien común. Esta metodología, al igual que la ocupación de edificios escolares, o el impedimento de dar clases, se adopta unilateralmente sin agotar gestiones, peticiones, audiencias y otros niveles administrativos, ni tampoco hacer público el problema en los medios antes del hecho consumado.
Si bien la infraestructura existente en cinco escuelas requiere soluciones urgentes, debido al descuido de las autoridades del área, tampoco se puede privar a más de 1.310 chicos de la enseñanza. La pérdida de más de 20 días de clases, o un mes del ciclo lectivo -agravada con la cantidad atípica de feriados-, en las escuelas EPET 9 de Ullum; la de Nivel Inicial Ramón Fernández, en Jáchal; Marcos Sastre, La Frontera, Jáchal; Videla Cuello, San Isidro, también en Jáchal y la Agrotécnica Cornelio Saavedra, de Rodeo, Iglesia, sigue sin paliativos.
Por el contrario, para salir del conflicto en Ullum, los docentes recibieron orden de adaptar los contenidos a impartir desde el lunes próximo, es decir saltear numerosos puntos del programa ante la imposibilidad de ponerse al día con tantas horas áulicas perdidas. Lo insólito son las declaraciones de algunos académicos consultados por este diario para los cuales lo importante en esta coyuntura es que los alumnos y sus padres se apropien del espacio público que es la escuela, porque "’vivimos una época de consolidación de la democracia y hay una apropiación de los derechos”, casi el pensamiento político del titular de la cartera educativa nacional, Alberto Sileoni.
Es una realidad la falta de aulas y servicios, pero si hay que consolidar la democracia se debe privilegiar la calidad educativa, una premisa inalienable del Estado. Todavía no se ha visto en las calles el reclamo por un eficiente aprendizaje.