En lo que va del año decenas de escuelas públicas han sido objeto de robos de material didáctico y elementos propios que equipan los edificios escolares. Llama la atención la pasividad con la que la mayoría de las comunidades educativas toman estos hechos, como si el patrimonio educativo no tuviera importancia. Afortunadamente esa actitud se contrapone con la de algunos directivos, docentes y padres que, por iniciativa propia, están tratando de tomar medidas en salvaguarda de los bienes que son utilizados para educar a los más pequeños. Es el caso del personal de la escuela rural Juan Pascual Pringles, de Angaco, que junta fondos para comprar un sistema de alarma, como medida de seguridad, tras otra incursión de los ladrones. Como en el resto de las escuelas de la provincia, están concientes de que los malvivientes regresarán en cualquier momento y temen que dejen totalmente desmanteladas las distintas dependencias escolares.
Si bien los sistemas de alarma no son la solución definitiva, representan una buena forma de disuación, ya que los delincuentes aprovechan las horas de la noche para entrar a las escuelas, conociendo que esos edificios carecen de la seguridad necesaria para impedir su accionar.
Otra alternativa que se baraja en ámbitos escolares es la posibilidad de reunir fondos para el pago de serenos, pero las exigencias laborales que incluyen sueldos, seguros y otros ítems, hace que esta salida resulte muy onerosa y difícil de asumir por los padres y el personal.
Actuar ante la delincuencia que avanza sobre el patrimonio escolar debería convertirse en un objetivo prioritario en comunidades que desean preservar los lugares donde educan a sus hijos.