Cuando en noviembre de 1989 la Cámara de Diputados de la provincia sancionaba la ley 6029 instituyendo el IPEEM (Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras), se estaba comenzando a escribir el más importante capítulo en la historia minera de San Juan.

Luego que el secretario de Minería de la Nación, el comprovinciano Ing. Eduardo Barrera, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín nos transfiriera las 10 áreas de reservas mineras que pertenecían a La Nación, el gobernador Enrique Gómez Centurión impulsó la ley que alentaría la llegada de los grandes capitales para la explotación, una vez más, de los minerales metalíferos en nuestro territorio. La minería fue desde entonces y como nunca Política de Estado. Advierto a quién no conoce la forma en que se desarrolla un proyecto minero de envergadura, que desde que se inicia una exploración hasta que comienza una explotación pasan muchos años y gobiernos. Pongo de ejemplo Veladero, cuyas exploraciones se retomaron en 1994 y la explotación comenzó once años después. O como el yacimiento de cobre y molibdeno El Pachón, que desde 1973 de tanto en tanto los gobiernos nos anuncian sobre su inminente puesta en marcha.

Mis reflexiones no apuntan a restarle méritos al gobernador actual como el principal impulsor del desarrollo minero. Mi propósito en cambio es señalar que la estrechez no debería conquistarnos. Porque la ley 6029 estableció en su artículo 19, a mi instancia, que los fondos originados por la actividad específica del Instituto se destinarían para asistir a las pequeñas y medianas empresas mineras de la provincia. El artículo fue modificado incluyendo un destino "Desarrollo de obras de infraestructura que permitan el impulso y desarrollo de la actividad productiva minera".

El IPEEM recauda unos 12.000.000 de pesos anuales en derechos de explotación de la mina Veladero. Le hicieron destinar, hasta donde sabemos: 16.000.000 en estudios, pavimentos y cañerías (plata que debió salir de otros recursos).

Así desde el IPEEM se destinaron, por ley 7483 en marzo del 2004, más de un millón y medio de pesos para la pavimentación del tramo carretero Pismanta-Tudcum y 400.000 pesos para hacer el proyecto de pavimentación entre Rodeo y Angualasto (como si no existiera una Dirección de Vialidad y este tramo de la ruta provincial 407 nunca se hubiese estudiado). Y más recientemente, otros $ 14.000.000 para la obra Huarpe, de conseguir una mejor agua para el consumo de los habitantes de Jáchal.

Por otra parte, es muy poco lo que se ha hecho por los caleros de Los Berros y a los cuarzeros de Valle Fértil se les dice que lo único que se puede hacer es conseguir un subsidio del gobierno central. Los pequeños productores de piedras lajas, el mármol y travertinos, las bentonitas, los yesos, el cuarzo y la cal, la mica, las arcillas, los feldespatos, el talco y de dolomitas, están esperando apoyos para seguir desarrollándose.