Tras mi última nota criticando la xenofóbica ley de inmigración de Arizona, recibí una avalancha de comentarios de lectores estadounidenses. La mayoría criticaba furiosamente mi postura, pero algunos hicieron señalamientos interesantes que merecen una respuesta. No voy a responder los comentarios con prejuicios raciales (están en www.herald.com , mi columna en inglés). En cambio responderé a las críticas más comunes bien intencionadas.

Denise, anglosajona blanca de Miami, que no sabe "cuánto tiempo más podré seguir viviendo en la ciudad en la que crecí”, afirma: "Yo ya pasé a formar parte de una minoría discriminada, y con frecuencia siento que vivo en un país extranjero, a causa de la enorme población de hispanos que insisten en hablar español”. "Mi pregunta es: ¿Por qué es tan terrible que les pidan a los inmigrantes que quieren vivir en EEUU que lo hagan legalmente? ¿Y por qué deberíamos recompensar a los que transgredieron la ley y vinieron ilegalmente a nuestro país?”, plantea.

Existen razones básicas por las que no concuerdo con la premisa de estas preguntas. No habría nada malo en exigir que los inmigrantes entren legalmente a EEUU, pero el problema es que no les está permitido hacerlo. Las leyes inmigratorias datan de hace más de 20 años, cuando la demanda estadounidense de trabajadores no calificados y altamente calificados era mucho más pequeña que la actual.

El mercado laboral demanda hasta 500.000 trabajadores no calificados por año, mientras que el sistema inmigratorio sólo autoriza 5000 visas permanentes para esa categoría, según el Foro Nacional de Inmigración. "No hay una verdadera puerta de entrada legal al país para los trabajadores no calificados”, señaló Maurice Belanger, director del Foro.

Según el Departamento de Estado, hay un retraso de 20 años en solicitud de visas familiares. Ahora se están procesando solicitudes de 1992 de mexicanos hijos adultos de ciudadanos estadounidenses, y de 1987 de filipinos hermanos de ciudadanos estadounidenses. "Mucha gente piensa que tenemos buenas leyes, y malas personas que las quebrantan”, dice Frank Sharry, director de America’s Voice, otra ONG. "En realidad, tenemos malas leyes y buenas personas que no tienen posibilidades de entrar al país legalmente”.

Deportar a 10 millones de indocumentados no sólo tendría costos enormes, sino sería impracticable, a menos que EEUU se convierta en un Estado policíaco. Por razones de seguridad nacional, sería mucho mejor poder saber quiénes son, dónde viven y pedirles una serie de requisitos -incluyendo el aprendizaje del inglés y el pago de impuestos- para regularizar su estatus.

No me gusta usar la palabra "ilegales”, porque es tendenciosa y deshumaniza a gente que en gran mayoría son seres humanos buenos y trabajadores. Es cierto que quebraron las leyes, pero también lo hacen los estadounidenses que cruzan una luz roja, con un peligro potencial mucho mayor, y eso no los convierten "ilegales”. No creo que sea grave que muchos inmigrantes hispanos no hablen inglés, pero sus hijos sí lo harán y serán bilingües en una economía global cada vez más competitiva. En conclusión, existe un sistema inmigratorio disfuncional y perverso que necesita ser reformado cuanto antes.

"LOS EMPLEADORES toman indocumentados para tareas que los estadounidenses rechazan. El gobierno no les da la posibilidad de obtener visas y en algunos estados, como Arizona, los quieren convertir en delincuentes.”