Brasil parece entrar en una nueva era económica al concesionar la mayor reserva de crudo del país a un consorcio de cinco empresas liderado por la estatal Petrobras. Pero no todo parece salir como el Gobierno esperaba. La importancia del campo de Libra, en la costa atlántica y subastado el lunes último, lo señalan sus dimensiones: una reserva de 1.500 kilómetros cuadrados de la que podrán extraerse hasta 1,4 millones de barriles diarios, según cálculos oficiales.
Pero lejos del júbilo por transformarse en potencia petrolera, el estallido social que buscó impedir el acuerdo, por la "’privatización” del petróleo, según argumentaban los activistas, y las duras críticas de opositores al gobierno, trajeron un inesperado dolor de cabeza a Dilma Rousseff, que tras las protestas pidió al Congreso aprobar una ley que garantiza que 75% de las regalías se destinarán a la educación y 25% a la salud.
También hubo un marcado desinterés en la licitación de las grandes petroleras del mundo, en particular de las principales empresas chinas, ávidas de negocios externos con enormes recursos financieros, lo que llamó la atención de los analistas. Es que a la complejidad del proyecto para extraer reservas de hasta 12.000 millones de barriles de crudo, más la cuestionada participación privada y las tensiones políticas, se suman los tiempos, porque pasará más de una década antes de que Brasil perciba parte de los ingresos que generará el enorme hallazgo, ya que el pico de producción se prevé para los años 2014 o 2015. El Centro Brasileño de Infraestructura, una consultora del mercado, considera que el Gobierno ha sido el gran perdedor al quedarse sólo con 41,65% de la producción.