En julio último se cumplieron seis años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma poner en marcha un plan de saneamiento del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del planeta. Luego comenzaron los trabajos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), con un seguimiento de los entes ambientales de las tres jurisdicciones y un "monitoreo social” por parte de entidades de bien publico.
La limpieza del cuestionado cauce tiene demoras por tropiezos económicos, técnicos, políticos, entre otros, con resultados lentos y lejos de las metas previstas. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una de las ONG del cuerpo colegiado que debe controlar el cumplimiento del plan de saneamiento, ya efectuó 42 pedidos de acceso a la información pública en relación con los trabajos de Acumar, para dar respuesta de su cometido. Esta entidad toma denuncias de los vecinos perjudicados, en virtud de un acuerdo con la Fundación Ciudad y el Foro de Periodismo Argentino, que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.
El monitoreo social tiene como propósito lograr una mayor participación ciudadana en el control y diseño de las políticas sobre el medio ambiente, donde la cuenca Matanza-Riachuelo es emblemática. Pero las obras tienen demoras por la magnitud de la tarea. En junio pasado Greenpeace observó que de 45 puntos analizados: 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media; dos de estos puntos empeoraron -pasaron a contaminación alta-, y sólo tres sitios bajaron de alta a media. Un pobre balance para un final incierto.