Cuando el frente fiscal empieza a generar preocupación en los gobiernos nacional y provinciales, el debate sobre la coparticipación federal adquiere mayor énfasis. La Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, sancionada en 1988, se ideó con un sentido progresivo, para que la Nación recaudase ciertos impuestos correspondientes a las provincias y redistribuyese esos recursos, con el criterio solidario de aportar una mayor proporción de fondos a los distritos rezagados.
El sistema de coparticipación derivó con el paso de los años en una concentración del centralismo en materia fiscal, con la contrapartida de provincias que piden auxilio financiero al Gobierno nacional para estabilizar sus cuentas. A este complejo intercambio de partidas se sumó la cesión de las provincias a la Nación, por el Pacto Fiscal de 1994, del 15% de sus recursos coparticipables para sostener el sistema previsional estatal, desfinanciado por la creación del régimen privado.
Ahora estos fondos son eje de una fuerte disputa, pues en 2008, cuando se reestatizó el sistema previsional, la Nación no reintegró ese porcentaje a las provincias, que ahora lo demandan para salir de los números rojos, como lo han planteado Córdoba, Santa Fe y Corrientes. El déficit de las cuentas provinciales, iniciado en 2011, puede alcanzar los 30.000 millones de pesos este año, al contemplar un incremento del 30% en el gasto. Si se suman todas las resignaciones tributarias que hacen las provincias para financiar a la seguridad social, ya sea por la pre-coparticipación de 15%, o por el 11% de IVA o por el 20% de Ganancias neto, se llega prácticamente a unos 50.000 millones de pesos, muy por encima de los 30.000 millones de pesos de déficit estimado para las provincias en 2012. Cada provincia se queja de que recibe menos de lo que aporta, al no haber estadísticas para realizar un análisis detallado sobre dónde y cómo gasta el Gobierno en distintas provincias y cuánto se genera de recaudación en cada una de ellas.
Al señalar la Constitución que la Ley de Coparticipación tiene que ser equitativa y solidaria, pareciera estar forzando una norma que es difícil de cumplir. Se está con 20 años de atraso en cuanto a la generación de una nueva norma y se está incumpliendo 16 años, porque desde 1996 se debería contar con una nueva coparticipación, según lo fijado en 1994 por la Carta Magna.