En la fecha se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que en 2010 adquiere mayor relevancia al haberse designado como el Año Internacional de la Diversidad Ecológica, con el fin de sensibilizar a la comunidad global sobre la necesidad de preservar y mejorar las condiciones de los castigados ecosistemas.

El tema medioambiental en nuestro país, está sobre el tapete de las discusiones puntuales desde que comenzó a desarrollarse la minería metalífera en gran escala, particularmente en San Juan con el yacimiento de Veladero, origen de un movimiento político e institucional condenatorio por el supuesto daño ecológico de esa actividad. El impulso ideológico del activismo ambiental ha llevado a promover políticas proteccionistas absurdas, como la dictada en Mendoza prohibiendo la minería a cielo abierto y proyectos restrictivos basados en teóricas potencialidades de daños irreversibles en reservas acuíferas y regiones protegidas.

Sin embargo, el fundamentalismo ambientalista sigue manteniendo una posición torcida hacia sus fines políticos y esto se refleja en diferentes ámbito con la descalificación sistemática de una explotación de los recursos que sustenta el desarrollo de las postergadas economías regionales. Por eso ningún movimiento ambientalista, como tampoco los políticos de izquierda ni los libelos que se consideran independientes, se hacen eco de las reiteradas intimaciones de la Corte Suprema de Justicia para que se cumpla con el saneamiento del Riachuelo, una cloaca a cielo abierto en la que conviven casi cuatro millones de personas. Las secuelas de esta contaminación palpable tiene secuelas que han llevado a la muerte a centenares de habitantes de la zona de influencia, durante más de un siglo, por enfermedades evitables.

Se trata de una contaminación señalada en el mundo como emblemática por la permanencia en el tiempo y las frustradas promesas de saneamiento de distintos gobiernos, hasta que intervino la Justicia. La Corte ha considerado insuficientes las respuestas oficiales en el último informe de los estados nacional, bonaerense y porteño, integrados en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). Ha llegado el momento en que la Corte debe imponer un castigo ejemplarizador por la abusiva morosidad en dar solución a esta colosal fuente de contaminación y condenar personalmente a los responsables.

Será también una lección para el ambientalismo dialéctico y especulador, cuya única finalidad es ideológica, lejos del bien común.