La comisión directiva de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan en el marco de su reunión semanal recibe la noticia de que el Tribunal Oral Federal de nuestra provincia, se convierte en el primero en declarar la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del 2×1 para casos de condenados por delitos de lesa humanidad. En igual sentido la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del licenciado Claudio Avruj, manifestó su oposición a que un represor sea beneficiado con el 2×1 y expuso que a su entender ningún condenado por delitos de lesa humanidad puede acogerse a esa medida.  

Nuestra entidad adhiere al pronunciamiento de la Justicia local y al accionar de la secretaría referenciada en el sentido de no compartir el sentido del voto mayoritario en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que autorizó el cómputo de la pena conocido como "2×1” en la condena propia a la comisión de delitos de lesa humanidad. 

Acompañamos el pronunciamiento de DAIA central en entender que la decisión de la Corte Suprema es contraria a la aspiración de nuestro país de aplicar el derecho conforme con los cánones internacionales de respeto a los Derechos Humanos y a sus víctimas. 

Compartimos lo expresado por el Dr. Víctor Bazán, reconocido docente a quien tuvimos el privilegio de escuchar en las Jornadas propias a la Cátedra Abierta sobre Holocausto dictadas en conjunto por nuestra entidad y la Universidad Católica, en el sentido que al estarse en presencia de delitos de lesa humanidad y al no haberse dado ningún cambio en la valoración de tal tipología de crímenes, en principio las condenas no deberían reducirse.

Además indica el Dr. Bazán es jurisprudencia de la propia CSJN, que los delitos de lesa humanidad no admiten amnistías ni indultos, son imprescriptibles y su persecución hace parte de los objetivos de la legislación internacional para asegurar su aplicación universal. 
El deber de todos los ciudadanos en un Estado de Derecho es la de respetar las resoluciones de los tribunales, y a la vez tenemos el derecho, tal vez un derecho-deber de no ser indiferentes cuando nuestra opinión es relativa a aspectos que hacen a los derechos humanos, y a la construcción de un país justo, democrático y libre de impunidad.