2009 fue un año sensible en temas de salud pública. Claramente quedaron reflejadas las consecuencias de la pobreza en los índices de mortalidad materna. En ese año se registró una de las tasas de mortalidad materna más alta de los últimos tiempos: 144.060 defunciones femeninas, de las cuales 410 diez fueron muertes maternas, relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. De esas 410 defunciones, 87 fueron por abortos (según Estadísticas Vitales, Información Básica 2009. Ministerio de Salud) Aclaro que el sitio oficial de la Nación no especificaba sí eran muertes por aborto voluntario o espontáneo. Ahora bien, propongo mirar este hecho no desde la óptica fría de los números, sino desde su costado más humano: las mujeres que mueren tienen rostro, nombre, familias que quedaron debajo de la línea de la pobreza. Por eso, la mortalidad materna nos genera una deuda social que no podemos evadir. Pero la deuda también es del Estado y de la falta de políticas eficientes para prevenir, contener y evitar estas muertes. Efectivamente, según datos oficiales, las muertes maternas eran y son absolutamente prevenibles. Así lo calificaba el OSSYR (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, en octubre de 2010). En aquellos años, la evaluación de los Servicios de Obstetricia monitoreados en el país, resultó deficitaria (52% global). Preocupaba entonces, la "Falta de sangre en los Servicios, especialmente en NEA y el NOA (según Informe de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de La Nación)". Gisel Cogliandro (2010) sobre la base de estos datos, brindaba algunas conclusiones que podemos suscribir: a- La mortalidad materna es un problema social directamente relacionado con la pobreza y fallas en el sistema de salud; b- es un evento adverso prevenible, en cuanto detectados los factores que inciden, se pueden tomar medidas anticipatorias. Sólo aporto un dato a manera de ejemplo: en 2009, en la región del NEA prácticamente 5 de cada 10 madres eran pobres, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires una de cada 10 lo era. Esta es la brecha que nos debe interpelar moralmente. La situación actual es preocupante. La pobreza en 2019 llegó al 40,8%, mientras que el nivel de indigencia trepó al 8,9% (según Informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA). El escenario social es el mismo: mujeres pobres, mal alimentadas, que no acceden a controles médicos de sus embarazos. Si vamos a hablar de derechos de las mujeres, estos son los derechos vulnerados durante décadas. La mortalidad materna es la punta de un iceberg. Sumergido en el fondo flota el drama de millones de argentinos atrapados en la pobreza y exclusión social. Tragedia social que reclama de nuestros gobernantes mayor eficiencia, creatividad y responsabilidad moral con los más débiles. No pareciera ser este el camino elegido. Todo indicaría que la propuesta del actual gobierno nacional es otorgar a las mujeres el derecho a decidir: continuar el embarazo (con medidas económicas y sanitarias) o terminar con el mismo (legalizando el aborto). Todo ello sin contar que la opción es éticamente reprochable en cuanto confronta derechos de distinta envergadura: el derecho a elegir de la madre, frente al derecho a nacer de su hijo. De esta manera, el Estado estaría olvidando su razón de ser, cual es gestionar el bien común protegiendo sobre todo, a los más débiles de la sociedad. Debo ser clara en este punto. Estamos frente a dos personas vulnerables que debemos cuidar: la mujer y su hijo por nacer. Las dos vidas valen. Las dos vidas tienen idéntica dignidad y merecen mayor compromiso político y social.

Por Miryan Andújar
Abogada, docente e investigadora
Instituto de Bioética de la UCCuyo