Esta semana se conoció el interés de algunos proveedores de obtener el visto bueno del gobierno para obligar a las empresas mineras a contratar sólo a quienes tienen un "compromiso con la provincia". El objetivo declarado es evitar que ingresen o se beneficien de esta cadena de valor, empresas o empresarios, que no están comprometidos con San Juan o su gente. Iniciativas de este tipo no son nuevas y, al margen de los objetivos declarados que pueden ser loables, escondieron intereses muchas veces espurios para legitimar aprietes o "pago de peajes", en la cadena de valor minero.

Estos privilegios para las empresas locales hizo que aparecieran, por ejemplo, firmas que producían y vendían naftas "sanjuaninas", cuando aquí no hay petróleo, pero sí un consumo millonario de parte de las empresas mineras. Hasta plantas de refinamiento de combustibles se anunciaron en 9 de Julio.

También son recordadas las presiones de estos vivos, en sintonía con algunas exautoridades, para que las mineras contrataran a proveedores "locales" que no tenían experiencia en el rubro. Es muy conocido el caso de algunos que pretendieron hacer las mallas de seguridad con las que se recubren los túneles de exploración y que provocaron el cierre de etapas subterráneas de proyectos como Casposo, en Calingasta, porque el riesgo de hacer trabajar a los empleados en esos frentes de trabajo era temerario y porque, además, ninguna empresa de seguros asumiría un riesgo de esa naturaleza.

Esos "proveedores locales" eran capaces de arreglar camiones mineros gigantes, emparchar el tren de aterrizaje de drones, o mandar cohetes a la Luna si hacía falta. Lo más importante eran los contactos oficiales y lo menos, la experiencia: podían venir de fracasar en la venta de motos en San Luis, de haber vendido tarjetas SUBE en alguna provincia, o de haber fabricados panchos en un supermercado. No importaba.

Estos escándalos que promovían el acceso a contratos millonarios repercutió entre los propios proveedores y provocó que se partieran en pedazos las cámaras del sector por falta de organización: no se ponían de acuerdo respecto a las "recomendadas" ya que las de Buenos Aires querían ingresar a las minas de San Juan y las de aquí a los yacimientos de Catamarca o Santa Cruz. 

La defensa de los intereses de San Juan y de la industria minera no puede comprometer actitudes mafiosas para buscar la contratación de empresas que con el cartel de "locales", sólo han logrado trascender por sus antecedentes de extorsión. Sin lugar a dudas el localismo de las empresas tiene que tener beneficios en la cadena de valor minero, basado en la producción de bienes y servicios de calidad, a un precio de mercado y con un legítimo diferencial de precio a su favor. No es lo mismo producir en cantidad y en calidad a más de 1.200 kilómetros de la Capital Federal.

Es por eso que las empresas mineras debieran verse obligadas a apoyar desarrollos tecnológicos locales y, fundamentalmente, a dar a conocer en forma pública y con suficiente anticipación su calendario de contratos o sus necesidades de bienes y servicios, pero no para que sean manejados o escondidos por los intereses de una cámara o sus representantes. Los sanjuaninos ya tenemos bastante experiencia con estos "vivos" que se jactan de ganar "likes" en redes sociales y de intermediar para buscar llevarse buenas sumas de dinero en sus bolsillos sin haber trabajado en su vida 8 horas seguidas.

En estos tiempos de pandemia e incertidumbre, la minería ya tiene bastantes desafíos como para sumarse más enredos por la chatura de estos seudoempresarios locales.