Durante la sexta edición de la "Semana Presupuesto y Derechos" hubo diálogos entre ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) con organizaciones, activistas y representantes de Ministerios de la Nación y del Poder Legislativo sobre el proyecto de Presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, con el fin de promover una asignación presupuestaria que permita realizar los derechos. También se discutió sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario progresivo, que proporcione recursos suficientes para la garantía de los derechos en condiciones de igualdad. El siguiente es un resumen de datos y discusiones más relevantes:

Políticas para mitigar efectos del Covid-19

Si bien el Proyecto de Presupuesto para 2021 es un 30,86% más elevado que el de 2020 en términos reales, si se compara con el presupuesto vigente al 21 de septiembre de este año, se observa una reducción del 16,24%. El presupuesto para Seguridad Social cae un 20% y esta reducción se explica principalmente porque el Proyecto no contempla partidas para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni para el Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que en conjunto representan el 12,85% del presupuesto vigente este año para Seguridad Social. Es preocupante que en el actual contexto de crisis, con aumentos en los niveles de pobreza, el Proyecto de Presupuesto no incorpora partidas específicas para fortalecer medidas de protección social. Necesitamos implementar un programa universal de transferencias no condicionadas que garantice un piso mínimo de protección social para los hogares de menores ingresos. 

Derechos de la niñez

Reducciones en políticas como la Tarjeta Alimentar (del 36%) y la Asignación Universal por Hijo/a (del 7%) con relación al presupuesto vigente en septiembre de 2020. A pesar de estas reducciones, el proyecto se plantea llegar a más personas que las alcanzadas actualmente. Llama la atención que este aumento no sea acompañado por un crecimiento presupuestario acorde, sobre todo si se consideran los efectos de la crisis en los grupos más desaventajados, el aumento de la pobreza infantil, y los grandes desafíos de las políticas de transferencias directas, como la AUH, para garantizar una protección social adecuada y suficiente.

Salud mental

A pesar de que la Ley de Salud Mental obliga al Estado a destinar el 10% del presupuesto nacional de salud a políticas de salud mental, este porcentaje para el año 2021 apenas alcanzará el 1,47%, profundizando la tendencia a la baja de la inversión en salud mental y sosteniendo la inversión en la internación psiquiátrica en lugar de priorizar la externación y el abordaje comunitario. Se deben destinar más recursos para el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención, crear dispositivos que garanticen la vida en comunidad, abrir servicios de salud mental en hospitales generales y fortalecer los organismos de control y protección de derechos.

Hábitat y territorio

Se observa un aumento del presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (del 135,66% con relación al de 2020). La mitad de los recursos del Ministerio se destinarán al Procrear y aumenta considerablemente el presupuesto para Integración Socio-Urbana de Barrios Populares, con el que se proyecta intervenir en 120 villas y asentamientos, el 2,6% de los registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Preocupa que se siga profundizando la tendencia a reducir el presupuesto para acciones que impulsen el desarrollo habitacional y de infraestructura en la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

Poder Judicial y Ministerio Público

El presupuesto del Poder Judicial aumenta con relación al del año 2020, pero muestra una caída del 35% respecto a 2018 y algo similar sucede con el Ministerio Público, cuyo presupuesto se reduce en un 12% con relación a 2019. La proyección de ambas instituciones del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) se encuentra por debajo del piso de recursos que establecen las leyes 27.148 y 27.149 y que derogó el decreto 257/15. En el marco de la discusión sobre la reforma judicial, resulta relevante analizar el impacto que tiene la propuesta de recursos realizada por el Ejecutivo para el próximo año, a la luz de la evolución presupuestaria de los últimos períodos. 

Gastos tributarios

En el Proyecto de Presupuesto se estiman gastos tributarios o exenciones fiscales que benefician a ciertos grupos o sectores -como magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial o las empresas mineras-, reduciendo las contribuciones que deberían enfrentar y, en consecuencia, limitando los recursos disponibles. Para 2021 se estima que reducirán en un 10% la capacidad de recaudación impositiva y alcanzarán el 2,64% del PBI. Representan el 11,86% del presupuesto total financiado con gasto público, 4 veces más de lo que proyecta destinar el Estado en 2021 a las Asignaciones para Protección Social (AUH y Asignación Universal por Embarazo). A pesar de su elevado costo, la información que se produce sobre estas políticas es insuficiente, su discusión es muy débil y poco transparente. 

Reforma impositiva

Con respecto a la tributación, se discutieron los principales puntos que debería tener una reforma impositiva que permita una recaudación justa y equitativa de recursos. En este sentido, encontramos tres grandes caminos a seguir: a) aumentar el peso de los impuestos directos y progresivos, b) combatir la evasión fiscal; y c) revisar los gastos tributarios y eliminar aquellos que configuran privilegios fiscales para sectores de altos ingresos. El debate presupuestario debe darse como una instancia fundamental para la protección y garantía de derechos mediante un proceso basado en la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Por Soledad De Marco
Prensa ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)