Con el fin de implementar en San Juan los incentivos nacionales para el desarrollo armónico de la actividad forestal, se realizó el lanzamiento oficial del proyecto que contempla beneficios económicos y fiscales.
Este programa, previsto por la ley 25.080 y su ampliatoria 26432, de inversiones en bosques cultivados, se suma a las diferentes políticas para el desarrollo del bosques para la industria maderera, a partir de especies autóctonas o adaptadas a nuestro clima, que no pasaron más allá de de las buenas intenciones o de algún emprendimiento aislado. La ausencia de una política de Estado para la forestación de cualquier tipo, incluyendo el arbolado público, es una materia pendiente en esta zona semidesértica con enorme déficit de espacios verdes, de sucesivos gobiernos a lo largo del último medio siglo.
Ahora se abre una nueva instancia impulsada por la Dirección de Desarrollo Agrícola del Ministerio de la Producción de San Juan, a quien ha delegado la autoridad de aplicación la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. No hay dudas de la importancia comercial de las especies promovidas bajo riego -álamo en macizo, de cortina, eucalipto en macizo- y algarrobo, que responden a las exigencias del plan: implantación de bosques, manejo del riego, protección sanitaria y todo lo inherente a un emprendimiento integrado. Empezar con un millón de árboles apuntando a los diez millones anuales, sería trascendente para le diversificación del producto bruto geográfico. Más si median exenciones impositivas y montos no reintegrables que se pagan, contra certificación de obra.
Visto desde esta perspectiva, la promoción forestal en la provincia se presenta como una gran oportunidad económica enmarcada en un contexto social y ecológico. Pero el optimismo se desploma cuando se llega a los requisitos para acceder a los beneficios promocionales. La pesada burocracia es el cuello de botella que aniquila el pragmatismo que deberían tener estos planes para hacerlos expeditivos, aún con resguardos básicos para otorgar la asistencia oficial.
La documentación, que incluye títulos de propiedad y de derecho de agua, mensuras, planos, croquis, coordenadas de GPS y estudio de impacto ambiental, requieren de un estudio profesional que no está al alcance de todos. Menos del pequeño productor.