La indignación causada por un video difundido en Facebook, que muestra a un guardaparque guiando a cazadores furtivos y mostrándoles donde estaban los animales que después eran asesinados en la reserva del Nahuel Huapí, ha provocado una reacción mundial por la impunidad delictiva de quien debe proteger las especies contra la depredación.
En las imágenes, que tuvieron 10.000 visitas en pocas horas, antes de ser eliminadas de la red social, aparece el guardaparques Ariel Llul junto a dos cazadores, comiendo pescado del lago Falkner, ubicado dentro del parque, y matando a un ciervo, dos prácticas absolutamente prohibidas, como la fogata encendida en esa zona de alta restricción.
El hecho, conocido la semana pasada por la difusión con miras de atraer cazadores del exterior, no es un episodio aislado del empleado estatal sino parte de una corrupción sistemática que también le toca a la Justicia neuquina. El guardaparque Llul estaba condenado en el momento de grabar las imágenes, en marzo de 2014, por falsificación de documentos y por permitir la entrada al parque a cazadores furtivos. La causa judicial se inició por denuncias con pruebas contundentes que lo comprometían, según la incautación de documentación pública falsificada sobre permisos supuestamente autorizando el ingreso irregular, pero la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Neuquén que revocó el fallo condenatorio y lo absolvió al considerar que se cometieron irregularidades tanto en los allanamientos como en el peritaje de los documentos que el propio Llul había falsificado.

La negligente actuación de este cuidador debe acentuar los controles de sus superiores, porque además pueden ocurrir otras desviaciones más peligrosas todavía, como es la autorización del Registro Nacional de Armas (Renar) a los guardaparques y guardafaunas de Misiones para utilizar armas de fuego, con fines disuasivos, ante la proliferación de incursiones de cazadores furtivos y depredadores de la selva paranaense en distintos puntos de esta provincia, especialmente en la zona fronteriza con Brasil.

Es un tema polémico, ya que se autoriza el uso de armas de fuego a miembros de un organismo que no está directamente vinculado con la seguridad de las personas y de sus bienes, como las fuerzas policiales o penitenciarias.