Casi un año después de que Arizona aprobó su polémica ley, que fue suspendida por un juez, tras haber sido apelada por el Departamento de Justicia, los intentos de aprobar leyes parecidas han fracasado en alrededor de 22 estados. Pero los grupos de defensa de los inmigrantes dicen que leyes como la de Arizona están ganando terreno en las legislaturas de otros cuatro estados: Florida, Oklahoma, Alabama y Carolina del Sur. Una versión más aguada de la ley de Arizona ha sido aprobada por el Comité Judicial del Senado de la Florida, y pronto pasaría al pleno del Senado. Otro proyecto más severo, copia de Arizona, se está debatiendo en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ambos impulsados por el Partido Republicano.

El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, apoya las leyes al estilo de la de Arizona, que ordenan a la policía pedir los documentos inmigratorios siempre que exista "una sospecha razonable” a quien pueda estar ilegalmente en el país. Los críticos temen que eso conduzca al acoso policial de todos los hispanos, independientemente de su estatus legal.

"Los proyectos de ley anti-inmigración de Florida están ganando impulso”, dice Frank Sharry, líder de America’s Voice, un grupo con sede en Washington que apoya los derechos de los inmigrantes. "Resulta casi impensable que un estado como Florida, que depende tanto del comercio, el turismo y los emprendedores hispanos, pueda aprobar legislación que provocaría boicots, cancelación de convenciones, y afectaría el comercio y el turismo latinoamericanos”.

La senadora republicana Anitere Flores, autora del proyecto de la Florida, no respondió a mis llamados, pero una nerviosa asistente me envió una declaración de su jefa expresando que "’nunca he estado a favor de una ley tipo Arizona”, y que su proyecto limita la acción policial "sólo a aquellos que han sido condenados por un delito”. Pero los críticos dicen que el proyecto de Flores alentaría a la policía a actuar como funcionarios de inmigración, y abriría las puertas para aprobar una ley al estilo de Arizona, porque un gran numero de legisladores conservadores apoyan una ley de ese tipo.

Respecto del argumento de que los indocumentados le están constando demasiado al Estado en escuelas y prisiones, un estudio de la Fundación de la Cámara de Comercio de la Florida dice que el costo en prisiones y educación para los indocumentados es de unos 659 millones de dólares anuales, mientras que los inmigrantes de Florida aportan en promedio 4.500 millones de dólares anuales en impuestos. Lo que es más, el gasto total de los visitantes extranjeros a la Florida excede los 7.000 millones de dólares anuales, y la inversión externa directa es unos U$S 34.000 millones.

Mi opinión: Cuando Arizona aprobó su poco disimulada ley anti-inmigración hispana, varias ciudades de Estados Unidos y estados extranjeros declararon boicots a Arizona, además de exhibir a ese Estado en todo el mundo como símbolo de intolerancia racial. Arizona perdió 141 millones de dólares en eventos cancelados e ingresos turísticos tan sólo en los cuatro primeros meses después de la promulgación de la ley.

"SI LA LEY racial de Arizona fue una bobería, ante una parecida en la Florida -un estado que vive del turismo, el comercio y las inversiones extranjeras- sólo puedo preguntar: ¿están locos de remate?”