La distorsión que se plantea entre los costos de producción y los precios de góndola de los insumos básicos, lleva a las economías regionales a un estado de quebranto, acentuado en el sector agropecuario donde se observa el mayor desequilibrio. Sabemos cual es la situación de la vitivinicultura y la caída similar de los fruticultores rionegrinos, para citar dos casos puntuales de abandono de cosechas por los precios viles, inferiores a los crecientes costos de producción, y ahora se revela la paralización citrícola en el Litoral por problemas similares.
Esta actividad, en particular la de Entre Ríos, reclama a las autoridades un ordenamiento estructural por la caída de las ventas internas y externas, junto con la pérdida de rentabilidad al momento de malvender las cosechas. Según una denuncia de la Federación del Citrus de Entre Ríos, el desaliento del productor lo marcan los números: recibe 60 centavos por kilo de fruta que le cuesta 1,50 pesos producir naranjas o mandarinas, que finalmente se vende al público a 10 pesos en la misma zona, en Concordia, aclara, para no atribuir ese precio a los costos de fletes y logística.
El interrogante es, quién se queda con semejante ganancia sin arriesgar nada, sin asumir la fuerte presión tributaria que pesa sobre el productor, que sostiene la ocupación de unas 50.000 personas en forma directa, más los dependientes de servicios y proveedores tercerizados. La actividad citrícola se extiende sobre unas 40.000 hectáreas cultivadas en la Mesopotamia y la mayoría, un 80%, conformada como agricultura familiar en manos de unas 1.900 firmas productoras.
Si bien estos agricultores han recibido paliativos oficiales ante la coyuntura de bancarrota, igual que se ha dado en otras economías regionales, las acciones desordenadas y puntuales no alcanzan para revertir el panorama y menos para retornar a los mercados externos. La experiencia indica que son necesarios los cambios estructurales a largo plazo a fin de reformular la estructura tributaria y la oferta crediticia para el sector. Se impone, en consecuencia, la necesidad de plantear el problema en un diálogo franco con autoridades nacionales, provinciales y municipales con el propósito de diseñar un programa estratégico para las producciones locales que les asegure una justa rentabilidad y la estabilidad de la oferta laboral.