El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político representando los intereses de los grandes grupos económicos. Para ello hubo que destruir a través de métodos represivos, las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo. 

Felipe Pigna, explica que el 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz anunció el programa del "Proceso". Allí describió, los que eran para el nuevo gobierno, los principales problemas de la economía argentina: Un Estado empresario que había asumido funciones de la iniciativa privada; que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado; que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero-patronales y que también había protegido a los empresarios a través de aranceles a la importación de mercaderías y subsidios. Este conjunto de factores había determinado un creciente déficit fiscal, una inflación galopante y una burguesía renuente a invertir, por no tener competencia y por el alto costo laboral por presión de los sindicatos. Para superar esos problemas, propuso una "Reforma del Estado+ que destruyera las características empresariales e interventoras de éste y garantizara la libertad de producción, circulación y precios. A la vez, para hacer más competitiva la industria, planteó una apertura económica y una progresiva eliminación de los mecanismos clásicos de protección a la producción. Esto último, permitiendo el ingreso de mercaderías para que el mercado determinara qué empresas deberían subsistir por ser capaces de producir bienes baratos y buenos. A esta visión se la denomina "darwinismo social" y plantea que el más apto sobrevive y el otro muere por falta de capacidad para adaptarse al cambio. 

Por su parte, el proceso de represión fue sorpresivo y de una velocidad descomunal. Comienza a aplicarse el sistema de secuestros y desaparición de personas. El método de la desaparición, en Europa se conoce como "la muerte argentina+, porque es la primera vez que se implementa este sistema de modo oficial, desde arriba, a una gran cantidad de personas. 

Los resultados fueron exactamente los buscados. Sólo quedó la voz del Estado, dirigiéndose a un conjunto atomizado de habitantes. Mediante un Estado intervencionista y benefactor, no se trataba de encontrar la fórmula del crecimiento sino la del orden y la seguridad. 

Las primeras medidas del equipo ministerial, que cubrieron el primer año, dieron idea del rumbo futuro. Tras intervenir la CGT y los principales sindicatos; reprimir violentamente a los militantes; intervenir militarmente fábricas; suprimir negociaciones colectivas y prohibir huelgas, los salarios fueron congelados cayendo en términos reales un 40 por ciento. El Estado pudo superar su déficit y las empresas acumular, lo que sumado a los créditos externos rápidamente otorgados permitió superar la crisis cíclica sin desocupación. Esta combinación de liberalización, eliminación de controles y garantía generó un mecanismo que llevó pronto el sistema entero a la ruina. Antes que estimular la eficiencia, el Estado premió a los que sabían obtener de él prebendas. Tampoco hubo mejoras en recaudación y asignación de recursos fiscales. El gasto público aumentó en forma sostenida, alimentado con la emisión y luego con el endeudamiento externo. Mientras la economía imaginaria del mercado financiero rodaba hacia la vorágine, la economía real agonizaba. Deshecho el mecanismo financiero, la deuda externa ocupó su lugar como mecanismo disciplinador.