La canciller argentina, Susana Malcorra, suscribió en la sede de la ONU el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, en oportunidad de celebrarse el Día de la Tierra. El pacto global fue calificado por la ministra de Relaciones Exteriores como un ‘momento histórico para abordar uno de los desafíos más urgentes al que se enfrenta el planeta”.
La ratificación del acuerdo celebrado el 12 de diciembre de 2015 por los 195 países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Unión Europea, viene a sustituir al fracasado Protocolo de Kioto, de la década del 90, y se espera su plena vigencia en 2020 para hacer realidad el objetivo de mantener la temperatura media mundial por debajo de los dos grados respecto a los niveles preindustriales, es decir de fines del siglo XIX.
Concretamente se establece que los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no se rebasen los 1,5 grados centígrados y evitar así los impactos más catastróficos, que ya se empezaron a sentirse en diferentes lugares, incluido nuestro país con alteraciones graves de sequías e inundaciones. Pero el documento firmado el viernes pasado es muy trascendente porque se da la circunstancia de que por primer vez el Acuerdo de París ha hecho coincidir a los países más contaminantes y a los más vulnerables del planeta.
Es más, los Estados Unidos y China, los más contaminantes del mundo, ahora buscan liderar la lucha contra el cambio climático según lo han ratificado, y ambos se han fijado ya metas para recortar emisiones: EEUU entre un 26 y un 28% respecto a los niveles de 2005 y China ha prometido impedir el crecimiento de sus emisiones a partir de 2030. Los plazos se han acortado empujados por el deterioro del hábitat, de manera que este acendro entrará en vigor 30 días después de que al menos 55 países miembros, que suman en total el 55% de las emisiones globales, lo hayan ratificado para que surta efectos a partir de los próximos cuatro años.
Sin embargo todo está condicionado al costo del pacto, que obliga a los países desarrollados a contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los Estados en vías de desarrollo, y anima a las naciones que se encuentren en condiciones económicas de contribuir con aportes voluntarios. Y se está hablando de movilizar 100.000 millones de dólares anuales en la próxima década, con transferencias de fondos comunicadas con dos años de anticipación.