El juez federal con competencia electoral de La Plata, Manuel Blanco, rechazó las impugnaciones presentadas contra las postulaciones a diputado nacional de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, medida que la oposición apelará.
La Cámara Nacional Electoral, que aún no cierra la discusión y que está integrada por constitucionalistas, puede revocar la sentencia. El fallo de Blanco se basa en la falta de pruebas suficientes: el cuestionamiento efectuado por el Acuerdo Cívico y Social contra las candidaturas testimoniales es tan sólo hipotético y, como no hay pruebas de que el candidato no vaya a asumir, no se puede rechazar anticipadamente su postulación.
Ha quedado demostrado que la Justicia, y en especial los jueces de primera instancia, no tienen la fuerza suficiente para oponerse a las planteos que exceden sus atribuciones o limitaciones y que desbordan el marco constitucional. También se teme al Consejo de la Magistratura, dominado por el oficialismo y listo para remover a cualquier juez rebelde. Este fallo da vía libre a la estrategia oficial tendiente a imponerse por votos como primera minoría en la decisiva provincia de Buenos Aires. Además, numerosos los intendentes han expresado públicamente que no asumirán el cargo legislativo y lo mismo dijo el gobernador Daniel Scioli, aunque ahora duda en ser diputado o gobernador, ante esta ilegalidad. También se convalidó del domicilio de Néstor Kirchner, quien al iniciarse el proceso electoral figuraba en el padrón de la provincia de Santa Cruz.
Sobre las llamadas candidaturas testimoniales, crece el rechazo de la opinión pública: dos de cada tres ciudadanos no las aceptan. Pero ello no tiene demasiado efecto electoral, unos porque ven una expresión política del oficialismo y quienes las rechazan son quienes han decidido no votar por el Gobierno, más allá de los votos a favor del gobierno.
Aunque este fallo no tendrá efectos sobre el resultado comicial, aumentará la falta de credibilidad en la Justicia para corregir la manipulación electoral, ante el supuesto caso que los candidatos no asuman sus cargos electivos y vuelvan a la actividad actual. Queda una sensación de que la voluntad de quien gobierna no desea encontrar los límites que impone la Constitución y una correcta política electoral.