La sola idea de recortar los fondos destinados a hacer cumplir las leyes inmigratorias es un sacrilegio para los conservadores que piensan que Estados Unidos esta siendo "invadido" por latinoamericanos indocumentados que les roban los empleos a los ciudadanos de este país. Pero hay cada vez más pruebas de que el arresto y deportación de los indocumentados se ha convertido en un gran negocio para las empresas privadas dedicadas a controlar y arrestar a inmigrantes, sin lograr reducir el flujo.

"Miles de millones de dólares podrían ahorrarse si las agencias gubernamentales usaran mejor los recursos asignados, y si el Congreso acabara con los programas despilfarradores y redundantes", dice el Foro Nacional de Inmigración, que apoya una reforma inmigratoria integral. Entre las conclusiones del estudio se señala que EEUU deportó el año pasado a 197.000 inmigrantes que no tenían antecedentes delictivos, a un costo de 23.000 dólares cada uno, lo que representó un gasto de U$S 45.000 millones. En vez de deportar a trabajadores agrícolas que requiere el mercado laboral estadounidense, el gobierno debería concentrarse en la deportación de criminales violentos, afirma.

Estados Unidos gasta U$S 7.500 por cada arresto en la frontera con México, 500% más respecto de lo que gastaba seis años atrás. Pese a este enorme aumento del gasto, el numero de detenciones fronterizas no ha cambiado gran cosa. Además, aumentó el presupuesto del patrullaje en un promedio de U$S 300 millones anuales desde 2005, pese a que el número de gente que cruza ilegalmente la frontera ha disminuido. Con sólo acabar con los aumentos anuales al presupuesto del patrullaje se ahorrarían cientos de millones de dólares, dice el estudio.

Los partidarios de una reforma inmigratoria integral dicen que, en vez de despilfarrar dinero, se debería resolver el problema de fondo: un sistema que no concede suficientes visas legales, y obliga a millones de inmigrantes trabajadores a ingresar sin documentación. Luego son arrestados por empresas privadas de detención, un poderoso grupo de cabildeo en Washington. Así como hay en EEUU un "complejo industrial-militar" de fabricantes de armas que influyen sobre las políticas militares, también hay un "complejo industrial-migratorio" que propicia las políticas inmigratorias.

La cadena National Public Radio reveló que la draconiana ley anti-inmigración de Arizona fue gestada entre bambalinas por "la industria de las empresas carcelarias privadas". Cita a la Corporación Correccional de EEUU, la empresa carcelaria privada mas grande del país, como una de las que presionó a favor de la ley de Arizona.

Mi opinión: Si Obama y el Congreso consideran recortar drásticamente el gasto público -desde los fondos del FBI hasta los subsidios a pensiones-, deberían discutir también la posibilidad de cortar el despilfarro en el área de inmigración. Analizar si tiene sentido gastar U$S 4500 millones en deportar a trabajadores que hacen labores que los estadounidenses no quieren hacer, y al mismo tiempo cortar fondos al FBI y a otras agencias policiales que tratan de poner tras las rejas a criminales peligrosos.