El acuerdo al que llegaron la Nación con las provincias, de promover la sanción de una ley de Responsabilidad Fiscal, tiene implícito un exigente compromiso que obligará a las partes a extremar medidas con el fin de combatir uno de los males mayores que tiene el país, el del déficit fiscal alentado por una burocracia que ha crecido en las últimas décadas.

Con la responsabilidad fiscal se pretende, entre otros puntos, mantener constante el gasto corriente primario en términos reales; que los cargos públicos solo aumenten en relación al incremento de la población y que se evite el aumento del gasto en los meses finales de mandato. Para ello los gobiernos provinciales, como el de San Juan, tendrán que reconsiderar el actual organigrama de funciones y reorganizar sus estructuras de forma tal que la planta de personal del Estado esté debidamente aprovechada. De la misma forma se deberá evitar la creación de nuevas dependencias, como también la construcción o alquiler de edificios que contribuye a la sobredimensión del Estado. De la misma forma que la administración central deberá dejar de crecer, como lo ha venido haciendo hasta ahora, con la creación de nuevos cargos y oficinas, dejando esta posibilidad, exclusivamente a áreas vinculadas a Salud Pública, Seguridad y Educación. Se entiende que no se puede dejar de reforzar estos servicios públicos esenciales, que incluye el funcionamiento de los hospitales centrales y departamentales, puestos de salud y salas de primeros auxilios. Lo mismo que las comisarías y puestos policiales dispuestos en villas y barrios y las escuelas.

Lo que debe evitarse es que continúe el ingreso irrestricto de empleados públicos a organismos que ya están saturados y no requieren refuerzos de personal, lo que determina un gasto operativo y genera mayor burocracia en trámites que tendrán que ser simplificados.

En el ámbito municipal también se deberá controlar que las restricciones se apliquen con firmeza, a excepción de algunas áreas específicas en las que puede resultar contraproducente, como las de Acción Social, que en mucho casos incluye deportes, o el funcionamiento de los CIC (Centros de Integración Comunitaria), en los que se ofrecen numerosos servicios, capacitación juvenil y cursos diversos, entre los que se destacan los de iniciación musical y otros que apuntan a desarrollar los talentos que hay en las distintas comunidades.

El proyecto que sostiene todo este cambio de filosofía dentro del funcionamiento del Estado, lleva como nombre completo "Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno" y su objetivo principal es el de establecer "reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas, nacionales y provinciales".

Este congelamiento del Estado conducirá a una serie de beneficios que vienen siendo reclamados desde hace tiempo. La simplificación de la burocracia y la reducción del déficit fiscal surgen como los más destacados, al haberse comprobado que el exceso de trámites y papeleo complican las relaciones del ciudadano con la administración, a la vez que generan un elevado gasto para el Estado.

Entre otros puntos trascendente del proyecto de Ley de responsabilidad fiscal, están las "pautas de fin de mandato'' para restringir el aumento del gasto durante los últimos 6 meses de gestión de cada gobierno. En este sentido se debe dejar de lado la costumbre de que el gobierno entrante se encuentre con abultadas deudas a pagar, como también con plantas de personal recargadas.