La crisis de representación que estalló en la sociedad, poco antes de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, sigue vigente. Desde aquel entonces se ha hablado de la necesidad de una reforma política. El Gobierno se acordó de esta demanda social y pretende que se debata, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, una compleja reforma que la dirigencia política no fue capaz de discutir en tantos años. Ningún sistema electoral es perfecto y ninguna reforma electoral pareciera ser totalmente inocente. Siempre habrá sectores que se beneficien, al menos en forma temporaria, y otros que resulten perjudicados.
Por eso resulta vital que cualquier proyecto de ley, como el anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sea debatido sin prisa, con la finalidad de llegar a un consenso lo más amplio posible. Los cuestionamientos efectuados a esta iniciativa son variados. Uno de los principales es que se impediría participar de las elecciones generales a aquellos partidos políticos que no alcancen un mínimo del 3% de los votos emitidos en los comicios internos abiertos, simultáneos y obligatorios en los que se seleccionarán sus candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, senador y diputado nacional. Esto obligaría a muchos dirigentes de agrupaciones pequeñas a buscar alianzas con sectores de los grandes partidos, lo cual podría beneficiar al justicialismo y al radicalismo.
Una segunda crítica es que propicia la prohibición del financiamiento privado a los partidos para la publicidad en medios masivos de comunicación, pero no la prohibición de la propaganda gubernamental durante el período de campaña electoral, cuando más de una vez en la Argentina la difusión de los actos de gobierno han encubierto proselitismo para los candidatos del partido gobernante. Pero quizás la mayor objeción al proyecto oficial pasa por sus omisiones. Ni la boleta única, que ayudaría a terminar con fenómenos detestables como el robo de boletas en los cuartos oscuros y disminuiría las probabilidades de fraude, ni el reemplazo de las listas sábana, figuran entre los tópicos para una discusión que difícilmente pueda concluirse razonablemente antes del 10 de diciembre.
Una reforma política seria, que pretenda consolidar la democracia, defender las instituciones y respetar a los ciudadanos requiere consensos, no imposición.