La democratización del Poder Judicial propuesta por el Poder Ejecutivo busca dar respuesta a un reclamo ciudadano de larga data: que la Justicia sea ágil, transparente y esté más cerca de la gente.
Con este espíritu, se han presentado 6 proyectos de ley que apuntan a aumentar la participación popular en la toma de decisiones del Estado. A la Cámara de Diputados han ingresado la Ley de Publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres Poderes del Estado que podrán ser consultadas a través de internet; la Ley de Publicidad de los actos del Poder Judicial, es decir, de todas las causas existentes en el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores; y la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que permitirá el ingreso a la carrera judicial en igualdad de condiciones para todos los aspirantes.
Por su parte, el Senado está tratando la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura; la Ley de creación de las Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, la Cámara Casación Federal y Nacional del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara de Casación Federal y Nacional en lo Civil y Comercial que acompañarán a la que ya existe en el fuero Penal con el fin de agilizar el sistema y descomprimir la tramitación de las más de 9.000 causas que llegan a la Corte Suprema; y la Ley de Regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados que, al igual que lo han hecho todas las provincias, buscan proteger el interés público.
La reforma del Consejo de la Magistratura propone ampliar la cantidad de miembros de 13 a 19 para que haya un equilibrio en la representación de todos los sectores (6 representantes del Poder Judicial -3 jueces y tres abogados de la matrícula federal-, 6 académicos, 6 legisladores y 1 representante del PE) y, de esta manera, tener un organismo más plural y menos corporativo. Se busca ampliar su base democrática por lo que se propone que la elección de los jueces, abogados, académicos y científicos que integren el Consejo sean elegidos por el voto popular y no de manera corporativa tal como sucede actualmente. Hay que ser muy claros en este punto. De aprobarse la ley, los consejeros representantes de dichos estamentos serán elegidos por sufragio universal y no los jueces, como desde algunos sectores se deja entrever con el fin de confundir a la sociedad.
Finalmente, es necesario ubicar estas reformas en el marco de la transformación de las normas de fondo del sistema jurídico argentino como son el Digesto Jurídico Argentino, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal que ha impulsado el Poder Ejecutivo y que actualmente se están analizando en el Congreso de la Nación; reformas que para ser integrales también deben llegar a los poderes judiciales de las provincias.
Una vez más, al igual que frente a otras iniciativas que nos ha tocado defender en el Congreso, apostamos por una Argentina más justa y con más participación popular. Porque estamos convencidos de la necesidad de avanzar en una mayor democratización de la vida social y para ello es imprescindible adaptar las viejas estructuras del Estado, muchas de las cuales datan del siglo XIX, a las nuevas realidades surgidas de las transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas. Ésta es la manera de seguir consolidando nuestra joven democracia, con decisión política y propuestas concretas que lleguen a los 40 millones de argentinos.
(*) Senador Nacional por San Juan (Frente para la Victoria).