De las 803.436 las empleadas domésticas relevadas en el país, sólo 128.600 (16%), gozarán de los beneficios del nuevo Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, promulgado hace una semana. Para el resto, al igual que antes de la ley, el sueldo y las condiciones laborales quedan al arbitrio del empleador.
La norma equipara en gran medida a estas trabajadoras a los del resto de los empleados. Les otorga entre otros beneficios, licencia por maternidad, igual indemnización, 35 horas y descanso semanal, el pago de horas extras y prohibe el trabajo a menores de 16 años. Pero mientras se celebra un cambio de paradigma, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil advierten que ésta no es la condición única para que las cosas cambien.
La desvalorización de las tareas domésticas, el amparo en la intimidad de los hogares, la carga de afectividad en la relación empleada-empleador, y sus hijos, que se mezcla en el vínculo profesional, los miedos, las mezquindades y la competencia, torna la cuestión bastante más compleja. Si bien la tendencia a la formalización crece desde 2005, persisten resistencias en la mayor parte de la clase media y alta a reconocer la labor de las empleadas domésticas como un trabajo y su propia responsabilidad como empleadores. Incluso a pesar del estímulo de descuentos en el impuesto a las ganancias.
Cuando esta ley obtuvo media sanción, en 2011, el sindicato y la obra social de empleadas domésticas más grande del país (Upacp y Ospacp) perdieron un tercio de sus afiliadas; pasó de 150.000 a 100.000 inscriptas. Según la AFIP, por la misma fecha se dieron de baja unas 30.000 trabajadoras. A diferencia de lo que sucede en otros países, la Argentina se caracteriza por una mayor permeabilidad entre diferentes sectores sociales, lo que torna particularmente rico, lábil y complejo el vínculo entre empleador y empleada.
Hay una lógica de la relación que excede la regulación, porque básicamente el vínculo se desarrolla en la privacidad, tiene aristas personales, íntimas y afectivas que no están escritas en ningún contrato. Siempre una ley es mejor que dejar todo al libre albedrío del patrón, pero para que algo cambie en este sector se necesita además de una mejor y mayor fiscalización del Estado, una mayor conciencia social.