A partir de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisará en forma compulsiva el estado de las cuentas públicas de la Argentina, ante la reiterada negativa del Gobierno nacional de cumplir con el intercambio de información, exigido a todos los países miembros. Si bien desde 2006 existe una tensa relación con el ente multilateral, Argentina refutó los reclamos por las cuestionadas estadísticas del INDEC, pidiendo al FMI que explique cómo elabora sus propios informes, agravando la relación. Argentina esgrime derechos soberanos para respaldar sus números y el FMI se refugia en prerrogativas e inmunidad diplomática para no revelar sus fuentes. Por eso el organismo resolvió elaborar los análisis periódicos en base a la información "’que esté disponible”, por ejemplo de consultoras privadas que tanto irritan al oficialismo.
Las intransigencias deben ceder con el diálogo, más si hay normas generales que se deben cumplir puntualmente. La oportunidad de llegar a esta instancia la da la asamblea semestral del FMI, prevista para la semana entrante en Washington, donde podrán discutir los puntos ríspidos y conflictivos de estas desinteligencias. Unos y otros necesitan disponer de estadísticas transparentes y adecuadas a los estándares internacionales en materia de inflación y crecimiento económico. Es también lamentable que la Argentina sea pasible de una "declaración de censura”, igual que Ecuador y Venezuela, los otros países de la región que no cumplen con el requisito del FMI a diferencia del resto de los miembros del G-20, que lo hacen en forma regular no obstante las serias dificultades políticas como la crisis que afecta a varias naciones desarrolladas.