El llamado ‘Plan de reparación histórica’ para jubilados, contemplado en la política previsional, comenzará a partir de septiembre venidero con aumentos extras en los haberes de 264.436 pasivos, adicionados a la recomposición salarial de la ley de movilidad de haberes que se cumple dos veces al año. Para los alcanzados por la suba extra, la medida implica el anticipo del plan previsto en la ley 27.260, propuesta por el Gobierno nacional.
Concretamente el incremento de los haberes por dicha ley de movilidad será de 14,16% desde septiembre, estableciendo el mínimo en 5.661 pesos, mientras que un grupo de mayores de 80 años cobrará por encima de ese porcentaje, en tanto la prestación media del sistema quedará en 9.287 pesos, de acuerdo al adelanto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La reparación histórica se basa en el recálculo de las jubilaciones en sintonía con los últimos fallos de la Corte Suprema en materia previsional. Las recomposiciones no significarían para algunos casos que se obtenga lo mismo que se conseguiría con una sentencia judicial, ya que se aplican índices de actualización diferentes. Por eso, el plan prevé la adhesión voluntaria si el beneficiario lo acepta, para luego ser homologado en la Justicia.
Si bien todos los anuncios implican sin duda una reparación para el postergado sector pasivo, y será seguramente bienvenida, se deben tener en cuenta las condiciones en que se desenvuelve la economía en general, ya que todos los ajustes se calculan según el índice de movilidad. Es decir, toda mejora se basa en un 14,16%, lo que indica que estará lejos de las variables de inflación, por ejemplo del llamado índice Congreso, con un aumento acumulado del 20% entre marzo y julio de este año en los precios al consumidor.
Las mejoras incluyen también a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema de la seguridad social, donde está previsto elevar los montos mínimos y los máximos que definen las bandas de ingresos por las cuales se cobran los montos mensuales. Aquí también se plantea un despropósito, ya que no se modifica el ingreso tope familiar: se mantiene congelado en 60.000 pesos mensuales, planteándose otra incongruencia. En síntesis, todos corren detrás de la inflación.