La suspensión impuesta por el Congreso brasileño a la presidenta Dilma Rousseff, por 180 días la semana pasada, y la asunción de otro equipo de gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, implica una paralización de la mayor economía sudamericana con réplicas que pueden afectar seriamente a socios comerciales como Argentina, o a otros países dependientes ideológicamente.
La canciller argentina Susana Malcorra observó que en la medida en que la crisis institucional de Brasil se prolongue, y según su opinión puede llevar todo lo que resta de 2016, esto afecta enormemente a Brasil y también a la Argentina como socio principal del Mercosur, más allá de la legitimidad del juicio político a Rousseff. Es que existe un quiebre gubernamental
en Brasilia por la mirada opuesta de Temer hacia los objetivos que se venían cumpliendo y esto incluye a la política exterior.
Sin duda ello va a repercutir en nuestro país, por lo menos en una paralización del intercambio comercial, hasta que el nuevo equipo brasileño adopte un rumbo definitivo.
Mucho más grave será para Venezuela, Brasil y Angola, beneficiarios ideológicos de Dilma Rousseff, que vienen recibiendo una generosa asistencia. Durante los últimos 13 años, los gobiernos de izquierda de Brasil otorgaron alrededor de 1.750 millones de dólares en créditos en condiciones favorables, generando críticas de los opositores que además protestaban por un programa que colocó a 11.400 médicos cubanos trabajando en Brasil en condiciones remunerativas especiales.
Además Brasil otorgó al régimen castrista un importante financiamiento para ejecutar el proyecto de expansión del puerto cubano de Mariel, con plazos de amortización de 25 años y tasas de entre 4,4 y 6,9 por ciento, según cifras brasileñas, que es fuertemente criticado por la oposición de Dilma. También se cuestiona la ayuda brasileña a Venezuela y al gobierno angoleño, sin una contrapartida de equilibrio en la justa medida que interpretan los acuerdos bilaterales.
Este contexto sustentado en la cuestionada política exterior brasileña, primero durante el gobierno de Lula da Silva y continuada por Dilma Rousseff, ya tuvo reparos en los opositores y ahora, con el gobierno de transición y poder en el Congreso, se adelantan revisiones sustanciales.