Luego de difundirse videos que muestran a conductores de los trenes metropolitanos durmiendo, leyendo y mirando sus teléfonos celulares, mientras manejan las formaciones que transportan a centenares de miles de pasajeros diariamente, la dirigencia sindical respondió con un insólito paro de actividades.
Los gremios del sector, en particular La Fraternidad, que agrupa a los conductores, justificó la media de fuerza porque a juicio del líder, Omar Maturano, el Gobierno nacional pretende "’criminalizar” a los trabajadores, en alusión a los controles más estrictos de las aptitudes psicofísicas de los maquinistas. Es que de ahora en más, los conductores de trenes deberán someterse a controles médicos aleatorios sobre alcohol y droga, mediciones de índices de masa corporal y tests de ansiedad. Además, se prohibirá el uso de celulares y se requerirá la renovación anual de los registros. Es decir, controles similares a otros choferes de transportes públicos y todavía mucho menos estrictos que los exigidos en la aviación.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, no dudó en calificar la actitud de los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento como "’salvaje, irracional, incomprensible”, porque no sólo perjudican a miles de pasajeros sino desarrollan una labor que requiere fundamentalmente responsabilidad y profesionalismo, por lo que perciben un salario mensual de bolsillo de 20.000 pesos.
Si bien es cierto que existe una década de corrupción e ineficiencia en la gestión ferroviaria, según actuaciones que obran en la Justicia, los 150 empleados ferroviarios amparados por los sindicatos, no tienen sustento legal para paralizar un servicio básico en el área capitalina y conurbano, y mucho menos catadura moral al ser descubiertos violando las normas elementales de un trabajo que requiere concentración y eficiencia.
Lo grave de los paros ilegales es que paralizan los servicios públicos y cortan calles, teniendo de rehenes a la gente. Ocurre también en la línea B de los subterráneos porteños por un conflicto con los metrodelegados, que se niegan a guiar los trenes hasta las nuevas estaciones inauguradas el viernes pasado. Aducen problemas de seguridad, a pesar que los conducen el personal jerárquico. Como si fuera poco, los empleados de una empresa de seguridad privada interrumpieron ayer a la línea A del subte para reclamar su reincorporación, aunque nada tenga que ver la empresa estatal encargada del sistema. Y dejaron sin servicio a más de 300.000 personas.