En diciembre de 2007 El Congreso promulgó la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental
de los bosques nativos, que prevé el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de la flora y la fauna en riesgo. La norma protege tanto a bosques nativos de origen primario, donde no interviene el hombre, los de origen secundario formados luego de un desmonte, o los resultantes de una restauración voluntaria.
Esta legislación es precisa en cuanto al resguardo de los ecosistemas forestales y los recursos naturales que otorgan al sistema un equilibrio dinámico y contempla los recursos naturales con posibilidad de utilización económica. Es decir, frena el avance de la frontera agropecuaria, pero tiene una coyuntura fácilmente violada: deja en manos de las provincias los criterios de aplicación y así se conceden excepciones para la depredación.
Es el caso de Salta, donde existe buena parte del bosque chaqueño -la segunda mayor región boscosa de Sudamérica después del Amazona-, que ha perdido desde la aprobación de la ley y hasta mayo pasado unas 400.000 hectáreas de bosques, la mayoría desmontadas por cambios de categorías autorizados por la decretos y resoluciones locales. Se suma a esta irregularidad la falta de recursos para controlar la tala furtiva que avanza con maquinaria pesada con gravísimo impacto ambiental.
Varias organizaciones ecológicas que hacen un seguimiento satelital y sobrevuelos, denuncian que en Salta hay una doble violación de la ley porque además de los empresarios que deforestan subrepticiamente, el propio Gobierno hace cambios sistemáticos de zonificación y son tan grandes que ya no es una excepción sino la regla. Incluso causan un problema social al suscitarse conflictos con comunidades aborígenes residentes en la región, que niegan a ser desplazadas por los desmontes. Tampoco sirven las audiencias públicas, donde los ciudadanos prestan o no su conformidad, con consentimientos dado por gente analfabeta que no sabe lo que está autorizando.
Por todas estas denuncias, la Secretaría de Ambiente de la Nación debe intervenir de inmediato como principal autoridad de aplicación de la ley nacional y promover medidas políticas: la motosierra es más rápida que la Justicia.