La Corte Suprema de Justicia citó la semana pasada a una nueva audiencia pública, para considerar con los responsables, la marcha de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la mayor contaminación ambiental del país y una de las más grandes del mundo, que afecta en forma directa e indirecta a once millones de personas que conviven en torno a esa cloaca a cielo abierto.
El hecho de que el máximo Tribunal de justicia del país haya debido intervenir para exigir a los gobiernos de la Nación, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacer los trabajos de saneamiento demorados históricamente por diferentes administraciones, señala a las claras hasta dónde ha llegado la ineptitud, corrupción y dejadez política en las últimas décadas, desde que se anunciaron metas con plazos concretos, pero que jamás se cumplieron.
Ahora la Corte ha observado que el ente interjurisdiccional encargado de las obras, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) si bien avanza en su cometido, considera que los objetivos fijados tienen un bajo nivel de ejecución. El ente se defiende en que enfrenta problemas presupuestarios, ya que existe marcado incumplimiento en el suministro de fondos. Es así que el gobierno porteño debía aportar 160 millones y sólo giró 25, la provincia tampoco aportó los 160 millones que le corresponden, pero si cumplió el Ejecutivo nacional girando los 320 millones que se le asignaron.
También se frustran las misiones encomendadas por la corte al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes recibieron un mandato el 8 de julio de 2008, en la sentencia condenatoria a las autoridades ejecutivas, para que sean los encargados de los controles y emitan sus observaciones. La Acumar tiene denuncias de corrupción y de irregularidades entre otros problemas que no asumen quienes les compete velar por un ambiente saludable.
De lo que si hay seguridad es que el plazo del 9 de julio de 2016, fijado por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, y titular de la Acumar, apunta a transformarse en otra utopía, como los mil días prometidos por María Julia Alsogaray, en la época menemista. Ahora las aspiraciones son similares, con la diferencia que sin financiación internacional será difícil un saneamiento sustentable.