La tarea de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el curso de agua superficial que atraviesa 14 municipios bonaerenses y un área populosa de la Capital Federal, es un problema histórico de desaciertos políticos para ejecutar la limpieza ordenada en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en respuesta a una apelación de los vecinos tras fracasar la vía administrativa de sus reclamos.

El Riachuelo es un caso emblemático por los programas de recuperación y las promesas de funcionarios de distintos colores políticos en las últimas décadas. Desde el plazo de mil días que se dio María Julia Alsogaray, en enero de 1993, con la certeza de poder tomar agua del Riachuelo, o la afirmación de la procesada Romina Picolotti, que en septiembre de 2006 dijo "para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”, y hasta los peces que dijo haber visto Juan Cabandié, en julio de 2013, los avances de las obras de recuperación han sido ínfimos.

En su momento la Corte estableció plazos para concretar el saneamiento de las aguas, reubicar a unas 17.000 familias que habitan en las márgenes del cauce peligroso y erradicar los efluentes fabriles que descargan en la cuenca. Se ha comprobado que unas 15.000 industrias lanzan residuos en el río y que los fabricantes de productos químicos son responsables de más de un tercio de la contaminación.

La mayoría de estos plazos están vencidos, mientras se acaba de nombrar al quinto presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente interjurisdiccional integrado por la Nación, la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma, prueba inequívoca de la inacción. Por ello la Defensoría del Pueblo nacional presentó el mes pasado un escrito ante la Corte pidiéndole al máximo tribunal que tome las riendas y reactive la causa del Riachuelo en el fallo que recae actualmente en dos juzgados, mientras los especialistas afirman que es necesario establecer un nuevo sistema que permita el control de los vertidos de líquidos industriales, para lo cual se debe modificar la permisiva legislación actual.

La cuenca Matanza-Riachuelo es el octavo lugar más contaminado del mundo, según un estudio realizado en 2013 por el Instituto Blacksmith y la Cruz Verde Suiza. El relevamiento confeccionó una lista con los diez sitios de mayor polución del planeta sobre la base de 2.000 riesgos estimados en sitios contaminados de 49 países.