La política de autorregulación del diario La Nación -implícita en la frase, "’Debido a la sensibilidad del tema, la nota está cerrada a comentarios”, de su versión on-line- también implementada por Página 12, Infobae y Ámbito Financiero, pretende evitar convertirse en vehículo de insultos que usualmente se prodigan entre lectores o contra la Presidente.
La medida tiene justificativo. Los comentarios se han vuelto un dolor de cabeza para los medios, ya que en sociedades polarizadas los usuarios de Internet tienden a burlarse y hacer comentarios irónicos, inhibiendo y degradando la discusión. Un síntoma que incentivan presidentes como Nicolás Maduro y Rafael Correa, con discursos cargados de insolencias y sarcasmos en contra de opositores y críticos de su gestión.
No permitir comentarios de ningún tipo, y menos sobre un presidente, puede ser un privilegio no reservado a otros mortales. Privilegios que en Argentina se eliminaron cuando se derogó el delito de desacato, aquella figura medieval que protegía al Presidente de las críticas, y que se contrapone a la jurisprudencia interamericana, que indica que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.
Ante la prohibición, uno podría preguntarse ¿cuál es la vara justa para medir otros casos y el nivel de sensibilidad que debe guardarse? ¿Acaso se deberían prohibir comentarios en notas sobre Francisco porque podrían derivar en críticas a curas pederastas?
En épocas de redes sociales y de constante búsqueda por mayores espacios de participación ciudadana, discriminar qué notas pueden o no ser comentadas, puede inducir a los medios a aplicar censura previa, algo que detestan y combaten. En todo caso, sería preferible que no permitieran comentarios en ninguna nota, a que tengan una política selectiva que puede llevar a errores.
Tampoco se trata de otorgar una patente de corso a los usuarios, ya que los medios también pueden ser responsables (ética y legalmente) ante cualquier apología a la violencia u otros delitos como los de injurias y calumnias. Pero en lugar de censurar, los medios pueden optar por editar, filtrar, ordenar y administrar esos comentarios, siendo bien explícitos con sus usuarios sobre las reglas y los límites de la discusión. Es una tarea cara, claro, pero fundamental para seguir liderando la discusión ciudadana y la agenda pública.
Esa labor evitaría que se censuren críticas de gente bien intencionada que termina pagando los platos rotos por aquellos que insultan sin ton ni son. Gente que pudiera estar comparando conductas entre el gobierno argentino y el venezolano sobre el grado de desinformación respecto a la salud de Hugo Chávez. O que podrían comparar con las políticas más transparentes que se utilizaron en otros países para informar sobre el cáncer que padecían Fernando Lugo, Juan Manuel Santos, Dilma Rousseff o Lula da Silva.
Los comentarios de la gente en los medios pueden ser dolorosos, pero prohibirlos desnaturaliza su función. La autorregulación clama más bien para que sean editados y ordenados, ya que administrar discusiones constructivas será siempre mejor opción.