La prestación de los servicios indispensables debe ser garantizada por el Estado y ello incluye al transporte masivo de pasajeros, que últimamente en diferentes lugares del mundo, es presa de las protestas sindicales causando múltiples problemas a familias enteras que han debido pernoctar en aeropuertos durante días por los paros intempestivos.

En nuestro país los paros imprevisibles han afectado particularmente al aeropuerto de Ezeiza, pero sin duda el caos aéreo vivido en España, el 3 de diciembre último, cuando los controladores de vuelo abandonaron en forma masiva sus puestos de trabajo, es uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.

La huelga de los controladores españoles obligó al cierre del espacio aéreo de ese país y afectó a más de 600.000 personas, además de cuantiosas pérdidas económicas, lo que obligó al gobierno a decretar el estado de alarma, una medida excepcional que llevó al Ejército del Aire a asumir las tareas de control. La experiencia del boicot aeroportuario ha llevado al Gobierno español a habilitar a más un millar de controladores aéreos militares para que se desempeñen en aeropuertos civiles para evitar que se repita la situación crítica del mes pasado.

Ningún gobierno español, desde la etapa democrática iniciada en 1975, había aplicado esta medida por la garantía constitucional del derecho de huelga, pero también la Constitución ordena la atención prioritaria de los servicios básicos a la población y esta interpretación es la que tuvo mayor peso ya que el ciudadano común no puede ser rehén de los movimientos de fuerza sectoriales. Un ejemplo para tenerlo en cuenta en la Argentina, donde el garantismo parece estar por encima de los derechos fundamentales.