Según el índice de transparencia elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), más de la mitad de los 36.000 millones de pesos de ayuda estatal distribuidos en el último año se entregaron en una situación de total opacidad, dado que no se informó el destinatario final ni el grupo al que pertenece el sujeto subsidiado.

Esto significa un crecimiento de 32,5 puntos porcentuales respecto de la última medición, hecha en 2007, cuando los subsidios no transparentes representaban el 18,92 por ciento del total. El índice que elabora el CIPPEC no se trata de una comparación entre percepciones acerca de la existencia de mayores estándares de transparencia, sino de la confrontación de datos concretos, lo que nos aleja del terreno de las meras opiniones.

El retroceso en la transparencia de la asignación de subsidios evidencia una voluntad contraria a la de desarrollar y mejorar las políticas públicas en materia de transparencia. No sorprende que la reducción de la visibilidad se revele en ámbitos tradicionalmente sospechosos y que distribuyen grandes sumas de dinero, como la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud, o la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario (ONCCA).

La medición exhibe, además, el deterioro experimentado en los últimos dos años en el derecho humano a acceder a la información en poder del Estado. En este aspecto, el Gobierno nacional también va a contramano de los avances que había impulsado y sostenido a partir del decreto de acceso a la información 1172, que promovió Néstor Kirchner en 2003, y la gestión desarrollada por Marta Oyhanarte en la Subsecretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, luego desbaratada.

No obstante la falta de publicidad adecuada sobre los enlaces responsables de gestionar los pedidos, hay signos que permiten abrigar alguna esperanza en esta materia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo, desechó la posibilidad de negar información sobre subsidios invocando la ley de protección de datos personales.

Por otro lado, la media sanción dada por el Senado de la Nación de un correcto proyecto de ley de acceso a la información,constituyó un avance que podría permitir que 2011 sea el año del fin del bochornoso vacío normativo en esta materia, que actualmente presenta el país.