En nuestro país alrededor de 10.000 matrimonios aguardan impacientes la posibilidad legal de convertirse en padres adoptivos. Pero tristemente unos 17.000 chicos permanecen institucionalizados durante largos períodos, a la espera del trámite legal que les permita gozar del calor de un hogar propio. En el medio, sólo quedan interrogantes, porque a pesar de que este problema subsiste desde hace años, las soluciones no llegan.
La vigente Ley nacional de Adopción (Nº 24779) ha demostrado a las claras su incapacidad para solucionar una situación problemática tan sensible como dolorosa: la de un cúmulo de familias ansiosas por dar amor, frente a decenas de miles de niños desamparados que deambulan por los caminos de la exacerbada burocracia estatal, sufriendo en carne propia las consecuencias de la desorganización de los estamentos oficiales y de la ineficiencia global de un sistema ya obsoleto.
En promedio el tiempo de espera para adoptar a un chico menor de un año es de tres años; para adoptar a uno de entre 1 y 3 años es de dos años y para mayores de 4 años o grupos de hermanos es de un año.
Recientemente, la propia Justicia de Menores admitió que la irresolución de los trámites judiciales de adopción da pie a la consumación de delitos aberrantes, tales como el robo de bebés para su comercialización, y a prácticas al menos polémicas, como el alquiler de vientres maternos.
La gravedad de la coyuntura obliga a actuar de inmediato, promulgando aquellas reformas que optimicen los procesos, simplifiquen los modos y acorten los tiempos burocráticos.