El tráfico ilegal de personas engañadas por bandas internacionales es un negocio global que involucra a veinte millones de personas y reporta ganancias anuales de 150.000 millones de dólares. Es la "esclavitud" de nuestro tiempo con fines sexuales, trabajo clandestino, servidumbre o de grupos insurgentes, que gobiernos y organizaciones humanitarias se comprometieron a eliminar.
Quien más combate el aberrante negocio es Estados Unidos, a la vez de observar la situación mundial y las complicidades locales, con un diagnóstico elaborado por el Departamento de Estado. El último informe, revelado esta semana en Washington, contiene una "lista negra" de naciones que aplican severas condenas a los traficantes y sus cómplices, otras donde hay cierta impunidad y a las que son parte de este comercio vil.
Argentina quedó en el grupo intermedio, que si bien no alcanzó los estándares mínimos para enfrentar el tráfico de personas hace esfuerzos para controlarlo. Por ello el país quedó al margen de posibles sanciones en los acuerdos bilaterales, como recortes en programas de financiamiento y de ayuda estadounidense, salvo aquellos que tengan que ver específicamente con planes sociales.
El informe señala las reiteradas denuncias y advertencias presentadas por ONGs sobre la presunta participación de funcionarios en actividades vinculadas con el tráfico de personas para explotación sexual. Dice que por lo menos en el 40% de los casos detectados de prostitución y operación de burdeles hubo complicidad policial, y si bien el fenómeno ocurre en todo el país, se detecta mayor gravedad en las provincias. Concretamente, señala al país como una "fuente, destino y lugar de paso" para el tráfico de personas.
Pero no sólo se trata de explotación sexual, ya que a esta penosa situación de esclavitud se suma la de hombres, mujeres y niños obligados a trabajos forzados en los talleres clandestinos y chicos forzados a ser vendedores ambulantes en las calles, a los que no sólo se les niegan los derechos de la infancia sino los exponen a todo tipo de abusos.
Advierte también sobre la vulnerabilidad de extranjeros residentes en nuestro país. Entre ellos, los de la comunidad china, donde se descubrieron casos de trabajo forzado basado en supuestas "deudas" con quienes se habían comprometido a ayudarlos.