La Ley de Ética Pública, sancionada en noviembre de 1999, creó el actual régimen de declaraciones juradas que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado deben presentar anualmente detallando sus bienes.

La norma estableció, además, que el control debía hacerlo la Comisión Nacional de Ética Pública, organismo independiente, con representantes de los tres poderes y funcionamiento autónomo en la órbita del Congreso de la Nación. Pero esa repartición no se creó y cada poder estableció su propio sistema de presentación y acopio de las declaraciones juradas.

En nuestro país, por lo general, los procesos electorales presidenciales no se caracterizan por un amplio y franco debate acerca de las políticas públicas concretas que los candidatos impondrán si llegan al poder. La superficialidad y falta de concentración en las discusiones conducen, muchas veces, a improvisaciones o a la adopción, luego de la asunción, de políticas sorprendentes y contradictorias. En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, además, los candidatos suelen echar mano de generalizaciones y de propuestas que miran hacia el pasado, es decir, a la revisión de lo actuado por otros.

En 1999 se planteó una recordada discusión entre quienes dentro de la entonces triunfante Alianza promovían la creación de una comisión bicameral que revisara los negocios de la década del "90, mientras que la postura más conservadora sólo propiciaba reemplazar al entonces oscuro fiscal nacional de investigaciones administrativas. Esa propuesta revela la limitada visión de la agenda de transparencia y anticorrupción como persecución del pasado y no como políticas activas integrales de cada gobierno en tiempo presente y de cara al futuro.

Si se busca transparencia, hoy al menos se debe restaurar la desahuciada Oficina Anticorrupción, dotarla de independencia y revisar su composición y ubicación institucional, tener un enfoque federal, hacerse cargo de la falta de elementos básicos como un código procesal penal acusatorio y leyes de acceso a la información y de protección a denunciantes y testigos. Además, una reforma profunda del Ministerio Público y de la Justicia Federal que no se limite al respeto formalista de su independencia sin hacerse cargo de su ineficacia. También se debe observar la ausencia y participación de entidades privadas que obstruyen la gestión de la justicia y falta la acción de sectores que con su silencio no ayudan a que la sociedad tome real conciencia de estas necesidades para fortalecer la democracia activa.