Todo movimiento de fuerza sindical que no responde a las instancias constitucionales del derecho de peticionar y resolver conflictos, es intempestivo y mucho más grave cuando la comunidad se ve privada de servicios básicos o es receptora de las consecuencias de una alteración de la vida normal.
El Sindicato de Camioneros logró trastornar la convivencia de los argentinos con el paro nacional y movilización del lunes último, en demanda de reclamos por el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que nadie pone en discusión, pero si la metodología empleada con alto contenido político disparado en esta campaña electoral. Un simple ejemplo grafica esta irracionalidad sindical impulsada por Hugo Moyano: en la Ciudad de Buenos Aires se dejaron de recolectar 12.000 toneladas de residuos domiciliarios, no obstante que se recomendó a los vecinos no sacar la basura a la calle. La normalización de este servicio vital, demandará todo el día de hoy, según las autoridades porteñas.
Pero en lugares con menor influencia moyanista, como San Juan, también impactó. La distribución de combustibles, la recolección privatizada de residuos en Rivadavia y Chimbas, el transporte de caudales que dejó desabastecidos a los cajeros y otros movimientos de cargas puntuales, como alimentos, agua, lácteos y el correo privado, repercutieron en nuestro medio. Se sumó el caos vehicular alrededor de la Plaza 25 de Mayo por la presencia de 33 camiones y 150 activistas del sector donde habría tenido protagonismo un grupo proveniente de Mendoza. Como agravante, se interrumpió con bombas de estruendo y bocinazos el acto en honor a Fray Justo Santa María de Oro, en el marco del 197 aniversario de la Declaración de la Independencia.
Seguramente numerosos trabajadores, de todos los sectores, compartan los reclamos de los camioneros, pero no la metodología. Los últimos aumentos de salarios no tuvieron el correlativo incremento de los mínimos no imponibles y se produjo la inevitable licuación del sueldo, por el doble efecto del mayor ingreso y el salto de escala de alícuota. Estas alícuotas no se actualizan desde la salida de la convertibilidad y el Gobierno nacional sólo decidió un aumento del mínimo del 20% en marzo, sin retroactividad a enero, pese a que la ley establece que Ganancias es un impuesto de liquidación anual.