El Poder Ejecutivo provincial dispuso vetar la llamada "ley de polarizados”, sancionada el mes pasado, por ser incompatible con las disposiciones de la legislación nacional -a la que está adherida San Juan-, que prohíbe oscurecer los cristales de los automotores mediante láminas plásticas porque disminuyen peligrosamente la visibilidad. La medida, surgida del Ministerio de Infraestructura, tiene la razonabilidad que no tuvo en su momento el análisis que debieron hacer nuestros diputados que dieron curso a mano alzada a un proyecto sin el rigor técnico de las normas vehiculares. No sólo obviaron recabar informes a los organismos especializados sino que pasaron por alto a las disposiciones de la ley nacional 24449, que homologa el equipamiento de los automotores para la circulación en el territorio nacional y compatible con acuerdos internacionales.
La ley vetada era un engaño al usuario, porque luego de invertir más de 500 pesos en polarizar un automóvil, solamente podía circular en nuestra provincia y tampoco le otorgaban el certificado de Revisión Técnica Vehicular, ya que los talleres verificadores se ajustan a la ley nacional, que únicamente acepta cristales tonalizados, es decir los originales de fábrica y según modelo.
El absurdo de la ley vetada ignoraba el tema técnico, científico y normativo, para privilegiar el argumento de la seguridad y el mejor rendimiento del aire acondicionado en el clima sanjuanino, sin que existieran estudios irrefutables que sustentaran estas falacias. Por el contrario, se cuentan numerosos accidentes por falta de visibilidad y robos de objetos en autos polarizados. En cuanto a la climatización del habitáculo, los fabricantes ya lo probaron en condiciones extremas, peores que las locales.