Ante los profundos cambios económicos, se requiere casi siempre una mayor formación de la mano de obra (Molero et al, 1990). Se pretende relacionar de forma muy simple las titulaciones emitidas por el sistema educativo y los puestos de trabajo en el mundo laboral (Assusa, 2013). En esta relación, influyen diferentes factores como son: la puja de personas tituladas por el monopolio de ciertos puestos de trabajo, el desarrollo desproporcionado de algunos niveles educativos sobre otros, las expectativas de los empleadores, la obsolescencia de los conocimientos y el alcance en la formación según el estrato social al que pertenece la persona (Galicia, 2012). Por lo que, una conciliación simple entre economía, educación y trabajo se considera casi socialmente inexistente por diferentes autores (Gutiérrez et al., 2012), (Palmisciano, 2012).

¿Cuánto capital se necesita para lograr las metas educativas? ¿Cuánto dinero hace falta para cubrir una cobertura obligatoria universal en el país?, son algunas de las preguntas más habituales...

En la Argentina, la Ley Nacional de Financiamiento Educativo de 2006, estipuló un valor a destinar en educación del 6% del PBI como punto de referencia. Esta ley, ha llevado a un importante incremento de dinero en educación desde 2005 y hasta 2010, principalmente consignado a la recomposición salarial docente y no docente. Asimismo, la ley fijó metas a nivel educativo como que se debería llegar a un 100% de cobertura para niños de menos de 5 años, garantizar un mínimo de diez años de escolaridad y generar una masificación en el nivel medio entre otros. Al día de hoy las metas financieras parecieran haberse cumplido, sin embargo, no así las educativas. No se ha logrado la universalización del nivel secundario, y la inequidad entre diversas regiones y provincias del país, persiste.

Según Vera y Bezem (2010), haría falta un 2,1% más del PBI para asegurar la universalización obligatoria de niños entre 4 y 5 años, y un 12% más para consolidar la retención del alumnado en el nivel medio. Por lo que se deduce a primera vista que como las metas educativas no fueron alcanzadas, pareciera que los recursos siempre serían insuficientes. Como ejemplo de ello, en el nivel medio, prevalece la deserción, donde es difícil retener a jóvenes de 13 años o bien incluir a los que se quedaron fuera del sistema educativo. 

Así es como, una política de "calidad educativa'' para lograr el mejoramiento de la inserción laboral de las personas se conseguirá, mediante una profunda tarea de planificación para lograr políticas que aseguren: repensar los objetivos de los espacios educativos y el rol de sus actores; reconstruir la función y responsabilidad docente; trabajar sobre la lógica disciplinar; revisar las diferentes propuestas formativas; considerar las demandas de capacitación desde la sociedad; incorporar las nuevas tecnologías de la educación y su universalización verdadera; rever los procesos educativos en el aula; tener en cuenta la inversión según las diferentes regiones del país con sus particularidades, debilidades y fortalezas; y finalmente, complejizar esta planificación integrando las diferentes políticas de salud, sociales, económicas y de desarrollo humano, junto con las educativas.

Sin embargo, estamos atascados para generar una verdadera política de educación inclusiva, partiendo de la base de que adolecemos de datos precisos, seguros e integrales respecto al costo de la educación por persona para cada nivel de educación y para cada meta educativa.

Dr. Claudio Larrea, Rector de la Universidad Católica de Cuyo.