El 28 de mayo pasado se cumplieron cinco años del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, la Unasur. Este organismo regional, a raíz de la detención en Europa del avión presidencial de Bolivia, que trasladaba a Evo Morales, realizó una reunión de emergencia en Cochabamba. Lo deslucido de dicho encuentro y el aniversario del Tratado exigen un pequeño balance.

Sobre la Unasur se ha dicho mucho. Desde que es un organismo inservible, hasta que es el resurgimiento del proyecto bolivariano de unión suramericana.

Jurídicamente se la ha criticado por razones bastante atendibles: mantiene una estructura inter-gubernamental y no de integración verdadera, como es la Unión Europea. Además, algunas funciones se superponen con las de otros organismos, en especial con el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones.

Sin embargo, le doy mucho crédito a la Unasur, al menos en el contexto en que se formó y que en parte se mantiene. Este organismo surgió bajo la influencia de Brasil. Su antecedente remoto es el proyecto de Alianza de Libre Comercio para Sudamérica de 1993, que Brasil promovió para hacerle frente al Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA.

Desde un comienzo la Unasur pretendió ser un bloque en oposición a la hegemonía estadounidense. Hasta el nombre lo demuestra: no se llama ”Unión de Naciones Sudamericanas” sino ”Unión de Naciones Suramericanas”, evitando el anglicismo ”sud”.

Allí está, según mi punto de vista, el gran logro de la Unasur: realmente ha funcionado de esa manera. Se ha visto a los Estados miembros trabajar en bloque en defensa de valores democráticos y latinoamericanos. Se ha promovido la integración cultural, como tuvimos oportunidad de constatar en San Juan con el festival de cine hace un año. A su vez, las naciones suramericanas han demostrado madurez para reunirse y dialogar políticamente.

Esto último es lo central de la Unasur: su pretensión de ser un foro político de resolución de controversias. Así sucedió en uno de los conflictos más graves que haya atravesado Suramérica la década pasada: la intervención del ejército colombiano en territorio ecuatoriano para ajusticiar a Raúl Reyes, líder de las FARC.

También ha sabido defender la democracia frente a conflictos internos que la han amenazado. Este fue el caso de Bolivia en 2008, cuando determinados grupos de la ”medialuna” boliviana pretendían la autonomía y llegaron a asesinar aborígenes que apoyaban a Evo Morales. La reunión en Santiago de Chile y la ”declaración de La Moneda” (porque fue firmada en la Casa de la Moneda, sede del gobierno chileno), afirmó la democracia como forma de gobierno a la par que advirtió que no aceptarían cambios de gobiernos no democráticos.

Sin embargo, estoy persuadido de que estos conflictos se han resuelto con éxito más por la hegemonía en los gobiernos de nuestra región que por las virtudes institucionales de la Unasur.

Este organismo no da adecuados mecanismos de resolución de conflictos. Sólo invita a la negociación directa, es decir, la forma más precaria y arcaica de resolver controversias en materia internacional.

Además, las decisiones son tomadas por consenso y no por mayorías: basta con que un país esté en contra para evitar una decisión. Esto conspira con el avance institucional, sobre todo cuando hay distintas opiniones en casos complejos.

Es por esto que, según mi parecer, la Unasur es un órgano político que tuvo -y espero siga teniendo- gran éxito, pero estuvo -y seguirá estando- condicionado por la existencia de gobiernos con una orientación política más o menos homogénea.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile (en su momento), Ecuador, Uruguay y Venezuela formaron un bloque que logró imponer un particular Norte político. Sin embargo, supeditar un organismo internacional a la orientación política de los gobiernos, no ayuda mucho en la formación institucional Latinoamericana.

La Unasur será exitosa en tanto y en cuanto exista una configuración política más o menos homogénea. Y esta no es, por supuesto, la idea de la integración regional.

(*) Abogado. Conicet. Adscripto a las cátedras de Derecho Internacional Público y Derecho Político, UNSJ.