El desarrollo de "drones", aeronaves teledirigidas, pasó de la ciencia ficción a una realidad que asombra al mundo. Estos artefactos ya entregan pizzas a domicilio en una ciudad rusa, controlan la producción agrícola en Estados Unidos y también atacan blancos militares con misiles de alto poder de fuego en Medio Oriente.
En la Argentina se están fabricando drones de las tres categorías establecidas a nivel mundial para uso pacífico, pero también avanza un proyecto del Ministerio de Defensa para fabricar estos equipos de sofisticada tecnología, según ha confirmado el titular de la cartera, Agustín Rossi, aunque aclaró el carácter estratégico del plan para vigilancia, control de fronteras y búsqueda de materiales.
Los drones argentinos proyectados por Invap, la empresa del Gobierno de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica, líder en tecnología de punta, responden a un programa secreto de seguridad nacional y todo hace suponer que serán equipos de alta complejidad, y a la altura de los producidos en naciones desarrolladas. Es decir, muy superiores a los que están en uso en el Ejército y la Armada, también de industria argentina.
El problema de esta irrupción tecnológica local es la ausencia de normas que regulen la fabricación y el empleo de los drones. Un proyecto de ley presentado en Diputados por el legislador correntino Agustín Portela (UCR) prevé modificar el artículo 36 de la ley del Código Aeronáutico Nº 17.285, a fin de regular el uso de los drones ante el desorden existente. La propuesta sigue en estado parlamentario.
Pero también tanto la fabricación y destino dudoso de estos artefactos es materia de discusión en el mundo. El avión no tripulado carece también de controles internacionales y son parte de una lucrativa y poco transparente industria bélica, según advirtieron unos 40 académicos y especialistas en defensa y política internacional, al Consejo de Defensa Sudamericano.
Los drones en manos criminales pueden llevar a cabo ejecuciones, transportar drogas, hacer tareas de vigilancia y logística y, en otro uso ilegal vulnerar premisas del Estado de derecho como la privacidad de las personas y la seguridad de sus bienes. Un artefacto de estas característica puede ingresar subrepticiamente a una propiedad y registrar todos los movimientos del interior. Sobre este aspecto, han llamado la atención diferentes organismos de derechos humanos en el plano internacional.