El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires ha revelado que medio centenar de personas que en diciembre pasado ocuparon el paseo de Villa Soldati eran propietarios de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y en cinco provincias. Más aún, uno de los ocupantes tenía seis propiedades a su nombre. De los 52 ocupantes, 21 tenían inmuebles en la ciudad porteña; 11 en la provincia de Buenos Aires; 10, en Salta; 8 en Jujuy; uno en Misiones, y otro, en Santa Fe, demostrando de este modo que los usurpadores no tenían problemas de vivienda. Incluso, una de las organizadoras de la toma, gozaba de una pensión graciable de 6.000 pesos otorgada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Ahora se ha cumplido más de una semana de la usurpación de 204 viviendas en el Bajo Flores, donde iban a ser relocalizados habitantes que viven a orillas del Riachuelo, según establecen las tareas de saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Pese a este pedido, el Gobierno nacional se resiste a cumplir con la orden de desalojo del complejo habitacional, aduciendo que debe actuar la Policía porteña, mientras el jefe de la Ciudad, Mauricio Macri, reclama que actúe la Policía Federal. Más allá de la disputa, se debe aclarar que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien ha dado la orden, no actúa como juez penal sino como delegado de la Corte. Cuando él ordena actuar a las dos policías, lo hace en nombre de la función que está llamado a cumplir.

El miércoles próximo se realiza en el máximo tribunal una audiencia para debatir los avances del plan de saneamiento. Es un respaldo de la Corte al juez que actúa por su encargo pero, también, un escenario inesperado donde el Gobierno nacional debería explicar por qué resiste el cumplimiento de un mandato, el desalojo, que fue consentido por el propio Gobierno. En el Acumar, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, está representado el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Medio Ambiente y esa autoridad fue la que pidió el desalojo que el propio Gobierno se resiste a cumplir. Cuando la ideología entra a tallar, la ley se desdibuja como instrumento destinado a ordenar conductas. Sería positivo que nuestros gobernantes adviertan que el cumplimiento de la ley no es de izquierda ni de derecha, y que hacerla realmente pareja para todos es la mejor manera de sentar las bases para una convivencia pacífica y sin resentimientos.